Como adelantamos en la edición de anteayer, en septiembre comenzará a funcionar el Registro Único de Beneficiarios de Programas Sociales del Gobierno de la Ciudad, que quedará bajo el control de la vicejefatura de gabinete, comandada por Liliana Chiernajowsky.
"Vamos a utilizar la información obtenida para controlar y corregir las políticas sociales -aseguró a Noticias Urbanas la funcionaria- ya que hoy se trabaja con escasa información acerca de quiénes son sus beneficiarios. Ahora se hará más visible y transparente el destino de lo que gasta la ciudad en subsidios, becas y ayuda directa".
La idea del gobierno de la Ciudad es evitar la superposición de los programas de asistencia llevados a cabo por diferentes secretarías, organizar un "mapa social" para establecer las necesidades de quienes acceden a la ayuda y controlar que la asistencia llegue a los que verdaderamente la necesitan.
"No queremos que suceda lo mismo que pasó con los "nuevos roles laborales" dijo la esposa del ex vicepresidente, en alusión al escándalo producido, durante la gestión anterior, por la implementación de un programa de subsidios que debían beneficiar a los desocupados y que terminaron siendo repartidos entre los integrantes de la agrupación universitaria "Franja Morada". Para evitar este tipo de cosas, en la base de datos figurará el nombre, DNI, nivel educativo, trabajo y vivienda de los destinatarios. "Vamos a dar un golpe duro contra el clientelismo político" -se entusiasmó Chiernajowsky.
Junto con el registro se creará, en el ámbito del gobierno porteño, una Unidad Ejecutora que lo implementará. Será coordinada por la vicejefatura de gabinete y estará integrada por representantes de las entidades gubernamentales que llevan a cabo los programas sociales: las secretarías de Promoción Social, Educación, Salud, Desarrollo Económico, Seguridad y Justicia y la Comisión Municipal de la Vivienda. También, por integrantes de las direcciones de sistemas y de estadísticas y censos.
Según las estimaciones de la funcionaria, el gobierno porteño destina aproximadamente 100 millones a la aplicación de programas sociales, que son los que serían monitoreados por la Unidad Ejecutora.
