Tras cuatro meses sin sesionar, el Senado de la Nación se transformó en el terreno fértil para que la oposición presione al Frente de Todos para avanzar en los temas que quedaron pendientes desde el año pasado.
La última convocatoria fue el 16 de noviembre del 2022 y el Interbloque Juntos por el Cambio no estuvo presente, ya que en aquella sesión se votó la designación de los integrantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación, entre otros temas.
La Justicia fue el tema central por el que se rompieron los consensos políticos entre el oficialismo y la oposición, con un diálogo casi inexistente, el Senado no sesionó ni durante el período de prórroga de las sesiones ordinarias, ni con el llamado del presidente Alberto Fernández a Extraordinarias.
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el atentado frente a su casa y sumado a la causa Vialidad, que la tiene inmiscuida en el accionar de la Justicia, no presidió ninguna de las últimas sesiones.
Lo cierto es que el oficialismo ya no puede imponer una agenda propia o – al menos – se le complica, ya que hoy cuenta con 31 senadores propios. Aún con aliados, es todo un desafío poder llegar a los 37 que se necesitan para el quórum.
Pero la paralización de la Cámara alta – en un año electoral – pareciera tomar otro rumbo debido a las presiones de la oposición.
El nuevo bloque Unidad Federal , que integran los cuatros senadores que rompieron con el FdT ( Guillermo Snopek, Edgardo Kueider, Carlos Camau Espínola, Carlos Camau Espínola ) y una de sus pares ( Alejandra Vigo ), convocó a una sesión especial para el 29 de marzo.
El comunicado del bloque Unidad Federal
Los temas que solicitaron para tratar fueron los pliegos de los jueces de las provincias de Santa Fe y Córdoba, la Ley Lucio, la reducción de la tarifa eléctrica, la redistribución de los subsidios al transporte público y la unificación del costo del combustible, ya que cuestionan que en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) las tarifas con menores al resto del país, lo que implica una desigualdad.
La inseguridad en Santa Fe por el narcotráfico y el Poder Judicial se metieron de lleno en la agenda del Congreso de la Nación. La urgencia de votar los pliegos de los jueces para la provincia y la ocupación de las vacantes en la Justicia obligaron a todo el arco político a sentarse a negociar ya sellar acuerdos para destrabar el debate parlamentario.
Asimismo, el “operativo consenso” se inició este miércoles cuando el titular del Interbloque del FdT, José Mayans recibió a los senadores de JxC para avanzar en una agenda conjunta.
Desde JxC insisten con que se traten los pliegos de los jueces (al igual que Unidad Federal). También, se vieron en la disyuntiva de modificar la postura de no sesionar, en tanto la agenda judicial continuara como la principal preocupación para el oficialismo.
A pesar de que en la Cámara de Diputados, el FdT avanza con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la realidad es que en el Senado, los legisladores de JxC flexibilizaron su actitud y aclararon que si hay temas que sean consensuados estarán dispuestos a bajar al recinto y dar quórum.
La idea es poder sesionar a fin de mes, pero surgió de que el diálogo no se corte y de que las dos principales fuerzas de poder dentro del Senado (FdT y JxC) cedan, ya que ninguno puede impulsar sus propios, al menos que acuerden con los pocos legisladores que quedaron por fuera de la grieta.
Además, las próximas elecciones serán cruciales para medir la resistencia de ambos interbloques y cómo quedará constituido el Congreso. Mientras tanto, el único camino viable es sentarse a negociar para no paralizar el trabajo legislativo.
