Una de las causas judiciales más delicadas que le tocará afrontar al intendente Carlos Arroyo, ya que ni siquiera cuenta con la documentación de los organismos de contralor municipales que lo avalen, es la relacionada con el acuerdo transaccional firmado el 10 de abril último con la firma Playa Azul SA, concesionaria de las cocheras de Playa Grande, a través de la cual a cambio de la realización de una serie de obras, se la autoriza a habilitar un boliche bailable en ese espacio, lo cual generó una serie de polémicas y medidas previas encaradas por el resto de los concesionarios de ese sector.
“Increíblemente –se señala en la presentación judicial efectuada hoy donde se denuncia al intendente Arroyo por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y se pide que sean citados a declarar varios funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente- el jefe comunal firmó ese acuerdo sin anular el acto por razones de ilegitimidad, desoyendo todos los dictámenes anteriores”, vulnerando, entre otras cosas, “la expresa prohibición del pliego de proponer ampliaciones o modificaciones hasta que no esté totalmente finalizada la construcción de la obra originalmente propuesta”, al tiempo que se viola la ley orgánica de las municipalidades “ya que ni los secretarios de la comuna ni la presidencia del Emtur podrían dar curso a la contratación arbitraria e ilegítima de las obras que refiere el acta acuerdo sin incumplir las normas expresas que en tal sentido impiden a los funcionarios sortear las vías legales y reglamentarias para la contratación pública dad obras de este tipo”.
La denuncia penal contra el intendente, quien se encuentra a horas nada más de culminar su mandato, es el corolario de una serie de acciones que se iniciaron hace tiempo, y que incluyeron sanciones incluso del Emtur contra la firma concesionaria que se benefició con ese acuerdo que ni siquiera fue avalado no solo por el Concejo Deliberante sino tampoco por distintas dependencias de control de la misma comuna.
Sergio Goransky, en su carácter de representante de las firmas Cubro SA y Playas del Sol SA, con el patrocinio legal del doctor Cesar Sivo, presentó una amplia demanda avalada por valiosa documentación que ya se encuentra en poder del juez.
En la misma, además de denunciarse al intendente Carlos Arroyo se abre la puerta a la investigación de “aquellos otros delitos que surjan de la investigación y que permitan elucidar en relación al mismo, con respecto a toda otra persona particular o funcionario público que haya tenido algún grado de participación, injerencia, etc., en alguna de las maniobras que se manifestaran a lo largo del presente escrito, que pueden constituir los delitos de cohecho en su faz activa y pasiva, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Se trata de una causa que generaba preocupación entre los colaboradores más estrechos del intendente y que, a partir de las irregularidades detectadas incluso por numerosos concejales que han presentado pedidos de informes al respecto, deja en una situación judicial vulnerable a Arroyo, quien además enfrenta otros cuestionamientos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, al tiempo que en las últimas horas se inició una causa en la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de la denuncia presentada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani por nombramientos de personal y otras anomalías registradas en la retirada del actual gobierno.
A lo anterior deberá sumársele el anuncio realizado por el intendente electo, Guillermo Montenegro, de realizar una exhaustiva auditoria de todas las áreas del gobierno municipal ni bien asuma sus funciones la semana próxima.
“Al acta transaccional –se lee en otro pasaje de la presentación judicial en la que además se menciona a otros abogados e incluso periodistas- se llega con la exclusiva intervención y firma del señor intendente municipal, quien resulta evidente no cuenta con idoneidad técnica para evaluar presentaciones de esta envergadura y se arroga en esta actuación la suma del poder público”. Es más, se resalta que con la firma del acta transaccional, el Ejecutivo “sorteó una serie de normas porque materialmente otorga una nueva concesión bajo la apariencia de una modificación”.