El camarista federal Martín Irurzun dio lugar al planteo del fiscal Carlos Stornelli y le mandó el expediente de “aportantes truchos” al juzgado federal número uno de La Plata, a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu.
Así, el juez federal Sebastián Casanello fue apartado de la investigación por los presuntos aportantes truchos a la campaña de Cambiemos para las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Es que el supuesto delito de consignar como aportantes a indigentes y beneficiarios de planes sociales se cometió, en principio, en territorio bonaerense. En consecuencia, debe ser un juez federal con competencia en la provincia de Buenos Aires el encargado de llevar adelante la investigación.
“Los hechos delictivos que se investigan han sido cometidos en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires”, sostiene el escueto fallo, de sólo tres páginas, que firmó Irurzun para correr a Casanello de la investigación.
Y el juez platense Ziulu reclamó unificar todo en su juzgado. Irurzun, constituido en tribunal unipersonal, entendió que “la duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos, que involucrarían a las mismas personas de uno y otro lado del conflicto es inconveniente” y remarcó que “la Alianza Cambiemos Buenos Aires se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires desarrolladas en el año 2017, sede donde a su vez -y por lógica consecuencia- ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”.
Casanello defendía su intervención en la investigación porque la información sobre las personas incluidas en el listado de aportes truchos que, en realidad, son beneficiarias de distintos programas de asistencia social, “pudo haber sido obtenida de los registros de la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”. Para Irurzun, esa hipótesis “no alcanza, por si misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina”.