Amado Boudou podrá seguir detenido en su casa. La Cámara Federal de Casación Penal, que tenía que resolver si confirmaba o revocaba la decisión para que el exvicepresidente volviera a la cárcel, decidió que la causa volviera a manos del juez de ejecución para que se dicte un nuevo fallo sobre su continuidad o no en prisión domiciliaria.
La resolución fue firmada por unanimidad por los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ledesma. A su criterio, hubo “vicios procesales” que obligan al dictado de una nueva resolución.
Subrayaron además que, a esta altura, Boudou ya se encontraría en tiempo para acceder a la libertad condicional.
En el fallo, Ledesma sostuvo que se vulneró el derecho de defensa de Boudou en tanto el tribunal no garantizó una adecuada contradicción entre las partes, privando a la defensa de la oportunidad de contradecir los argumentos expuestos por los fiscales vinculados con que el nombrado vuelva a ser alojado en un establecimiento penitenciario. Carbajo adhirió al voto de la doctora Ledesma y, al igual que su colega, destacó la importancia de que la decisión se tome luego de llevarse a cabo una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas.
En su voto, Borinsky planteó que al darle la detención domiciliaria a Boudou, el fiscal general ante Casación, Javier De Luca, desistió del recurso interpuesto por el fiscal de la instancia previa, lo que implicó que el nombrado continuara en su domicilio. También destacó que Boudou se encontraría próximo a cumplir el requisito temporal para la libertad condicional en virtud de que el juez de ejecución redujo en 10 meses los plazos para que el nombrado acceda a los distintos institutos de libertad anticipada (pronunciamiento que se encuentra firme ya que no fue impugnado por ninguna de las partes).
El tema pasará a manos, ahora, del juez de ejecución penal que ya no es Daniel Obligado, que en abril pasado habilitó la salida de la cárcel del exvicepresidente en el inicio de la pandemia con la justificación de que la condena no estaba firme y que debía cuidar a sus hijos pequeños. Luego, el 30 de diciembre, resolvió que debía volver a la cárcel, aunque aclaró que esa orden se materializará cuando el fallo quede “firme”, es decir, cuando ya no hubiera margen de apelaciones.
La definición queda en manos del juez Ricardo Basílico, que sucedió a Obligado en el Tribunal Oral Federal 4, mientras se designa a un juez titular en ese cargo. Al magistrado le tocará revisar la apelación de la defensa sobre la necesidad de que el ex vicepresidente no regrese a la cárcel y con los lineamientos delimitados ahora en Casación.
El exvicepresidente fue sentenciado a 5 años y diez meses de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El día del veredicto quedó detenido. La Justicia entendió que, siendo ministro de Economía, hizo gestiones para favorecer a la firma The Old Fund y que esta pudiera quedarse con la imprenta Ciccone, que estaba al borde de la quiebra.