La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en la Justicia a un empleado jerárquico de su organismo que, durante la administración de Mauricio Macri, realizó “accesos indebidos” a las bases de datos de AFIP, lugar donde se halla información sensible en torno a los bienes, cuentas, propiedades y movimientos de la mayoría de los argentinos.
Vicente Luis Magnaterra es acusado de haber realizado un total de 35.439 consultas en los sistemas internos del organismo entre enero de 2017 y noviembre de 2019 sin ningún tipo de justificativo. Esa cantidad representa el 62,32% de las consultas totales que realizaron durante ese periodo de tiempo (56.864).
Para la AFIP, los funcionarios del organismo no pueden realizar consultas de la vida privada de las personas sin motivo alguno, las cuales “agravaron directamente a la administración pública” por haber sido realizadas “en el ámbito del organismo con la utilización de sus sistemas informáticos y bienes”.
Magnaterra cumplió el rol de supervisor en el Departamento de Riesgos, Planificación y Control de Auditoría Interna durante la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri.
Según el organismo tributario, es imposible acceder a las consultas de manera individual, por lo que se investigará “a toda otra persona que, como consecuencia de las actuaciones, resultare autor, coautor, cómplice, instigador o encubridor”.
Los detalles fueron brindados el 16 de febrero por el titular de la AFIP, Carlos Daniel Castagneto. En ese momento, el organismo manifestó su repudio ante “cualquier maniobra que en el pasado se haya pretendido realizar para transformar al organismo en una maquinaria de espionaje y persecución”.
A su vez, el fiscal Ramiro González impulsó la investigación a través de un escrito el 8 de marzo. Entre las distintas medidas, solicitó la entrega de una copia de la auditoría que confirma los 35.000 ingresos indebidos.
La causa se encuentra en manos del juzgado de Julián Ercolini, también a cargo del juicio que lleva adelante el Estado contra Edesur.
