Las organizaciones sociales encendieron la alarma y advirtieron sobre una posible “ola de desalojos sin precedentes”, en el caso de que el Gobierno Nacional no prorrogue el decreto que los prohibía y que comenzó a funcionar al inicio de la pandemia del coronavirus. La medida que congela el precio de los alquileres y suspende los desalojos por falta de pago, vence el 31 de enero y se espera su extensión aunque no esté confirmado hasta qué plazo.
“Se está trabajando en una prórroga del decreto, lo que no está confirmado es el plazo”, dijo una fuente gubernamental a Página 12. El decreto 320 fue publicado a fines de marzo del año pasado, luego de establecida la cuarentena, y en septiembre fue extendido por el decreto 766 hasta el 31 de enero.
Cabe recordar que la prórroga anterior fue a sólo dos días del vencimiento. Pero esta vez, el reclamo por la extensión incluye también el pedido de que se haga cuanto antes, para evitar la incertidumbre y la angustia de quienes no saben si deben buscar un nuevo techo con urgencia.
Las organizaciones sociales ya venían realizando iniciativas para exigir la extensión de las medidas de emergencia, y este lunes anunciaron una movilización para el próximo jueves.
“Como ya alertamos en acciones anteriores, en caso de no prorrogarse y extenderse el DNU 766, en febrero comenzará una ola de desalojos sin precedentes. No hay plan de contingencia en ningún nivel del estado para las miles de personas y familias habitantes e inquilinas a nivel nacional que se ven al borde de quedar en la calle, en caso de levantarse la suspensión de los desalojos por falta de pago”, advirtieron desde la campaña #ProhibidoDesalojar. Si no hay novedades antes, la convocatoria será en Obelisco a las 10 para movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación.
Otro de los puntos que , demandan un “plan de desendeudamiento, con otorgamiento de créditos a tasa 0. Además, creación de programas de subsidios habitacionales para personas y familias en riesgo de situación de calle. En el caso de CABA, exigimos que el IVC habilite una mesa de trabajo con las organizaciones e inquilines, para arribar a una solución real y con participación popular”.