El inicio de la sesión de este jueves fue complicado. Un grupo de vecinos de Villa Urquiza protestó a viva voz, desde las tribunas del recinto contra los proyectos que incluyen la construcción de futuras torres: el grito de “no a las torres”, se repitió varias veces. Pero finalmente, la norma fue aprobada.
La Legislatura aprobó un convenio entre la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), de la Nación, para disponer de cuatro predios que totalizan aproximadamente 4 hectáreas, de las cuales un tercio se destinará a proyectos urbanísticos de edificios para residencia u oficinas y nueva infraestructura operativa ferroviaria.
Con la enajenación de estos predios que habilitó hoy el cuerpo legislativo se busca financiar parte de las obras de viaductos sobre o bajo las líneas ferroviarias San Martín y Mitre.
En cuanto a lo edificable, en total se prevé construir aproximadamente unos 100.000 metros cuadrados que serán acompañados de nuevo espacio público. El primero de los predios en cuestión está delimitado por las calles Holmberg, Pico y las vías del ferrocarril Mitre, en barrio Saavedra -Comuna 12-, lindero con un gran centro comercial. Se trata de 1.200 m2 de terreno, donde se permitirá edificar hasta 25.000 m2.
Otro de los polígonos está ubicado en el barrio de Palermo -Comuna 14- demarcado por la avenida Ortiz de Ocampo y las vías de los ferrocarriles San Martín y Belgrano Norte. Unos 4.000 m2 de superficie donde se permitirá edificar hasta 35.000 m2.
En Villa Urquiza -Comuna 12- el inmueble afectado es el que se encuentra entre las calles Roosevelt, Triunvirato, Bucarelli y las vías del ferrocarril Mitre. Son alrededor de 8.000 m2 de planta y, hacia arriba, podrá edificarse hasta 30.000 m2. El 65 por ciento del terreno, en todos los casos, se destinará a espacio público.
La última superficie a rezonificar es la comprendida entre las avenidas Del Libertador y Ramos Mejía, la calle Padre Mujica y el deslinde con la terminal de trenes, en Retiro -Comuna 1. Aquí, la iniciativa detalla que el tratamiento paisajístico “deberá ser diseñado para su integración peatonal con la obra de superficie del Paseo del Bajo y la accesibilidad a la Dársena Norte”.
Estas parcelas suman más de 27.000 metros cuadrados de suelo, que tendrán un área urbanizable (casi 17.000 m2) y un área operativa ferroviaria (unos 10.000 m2). Allí, además de edificios de residencia u oficinas, se prevé construir una nueva terminal ferroviaria y un establecimiento educativo. Se permitirá edificar hacia arriba hasta 85.000 m2 y se mantiene el requisito de que el 65 por ciento de todas la superficie basal debe ser espacio público.
La Ley sancionada excluyó de la venta al polígono formado por la colectora de la avenida General Paz y las calles Emilio Castro, Ercilla y Saladillo, en el barrio de Mataderos -Comuna 9-, donde funciona Vialidad Nacional y una Escuela Técnica, a la que se oponían los trabajadores de esos sectores.
La comisión parlamentaria en los fundamentos del despacho de mayoría explicó que el proyecto resulta beneficioso por cuanto a través de la rezonificación “se logrará la regeneración urbana de sectores urbanos específicos, la promoción de las centralidades barriales, la integración urbana y accesibilidad de los predios, el desarrollo local a través de la generación y formación de empleo, la incorporación de espacio público, eliminar pasos a nivel y aumentar la frecuencia del ferrocarril, lo que redundará en una mejora urbanística para la Ciudad, siendo la misma a su vez beneficiaria del producido por la disposición de los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, y de las obras ferroviarias que mejorarán la vida diaria de los vecinos y que serán financiadas también por dicho producido”.
La iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Roríguez Larreta, el pasado 22 de noviembre fue tratada en Audiencia Pública donde se presentaron 3 expositores y 82 oradores, quienes refirieron a la aprobación inicial y explicitaron diversas opiniones que fueron tenidas en cuenta en el seno de la Comisión de Planeamiento Urbano que preside el diputado Agustín Forchieri (PRO). Hubo tres despachos, uno de mayoría y dos de minoría postulando el archivo, firmados por los diputados Javier Andrade (FpV) y Adrián Camps (PSA).
A criterio de Andrade “se dispone de la tierra pública sin prever lugar físico, ni operatorias, que permitan paliar el déficit habitacional y proveer equipamiento público y comercios locales, en consonancia con los objetivos del Plan Urbano Ambiental” y “la normativa propuesta y los desarrollos que ella prefigura tendrán un impacto directo en nuestra Ciudad, en su morfología y funcionamiento, como así también en su ambiente, patrimonio edilicio, y en las posibilidades de acceso al suelo y la calidad de vida de su población. Si el Estado abandona su rol de protección de los más débiles y moderador de los intereses de los distintos actores involucrados en la dinámica urbana, podemos estar frente a un instrumento de exclusión, que profundice las desigualdades existentes en lugar de tender a su eliminación”. En tanto, Camps sostuvo que “el proyecto presentado adolece de información explícita acerca de la distribución de superficies a enajenar, ceder en alguna otra forma y las destinadas a uso y utilidad pública que pudieran corresponder”.
Finalmente la ley fue votada en base a un texto consensuado y aprobada en general con 34 votos positivos del Pro, CC, CP y FR. En tanto, 25 legisladores de los bloques Suma+,FpV, PS, PSA, CNM, FIT, BC, AyL y BP se pronunciaron en contra.