7D: Opina Andrés D’Alessandro

7D: Opina Andrés D’Alessandro

Por Laura di Marco

Distingue la militancia en la comunicación, a la que se niega a llamar periodismo, de la práctica profesional. Señala la necesidad de que existan medios estatales públicos y no del gobierno.


“Consideramos que se está en un momento crítico, que determinará buena parte del futuro del periodismo profesional para su ejercicio en plena libertad, sin la cual la profesión queda debilitada en extremo”, expresa la carta que el Foro de Periodismo Argentino, la principal asociación del periodismo profesional en la Argentina, le envió a Martín Sabbatella, presidente de Afsca, en vísperas del 7D, temiendo una avance del Gobierno no contra un grupo sino contra el periodismo profesional.

En la entrevista con NU, el director ejecutivo de Fopea, Andrés D’Alessandro, alertó sobre los efectos nocivos de la aplicación de la Ley de Medios, como el control de contenidos a través del otorgamiento discrecional de las nuevas licencias (a amigos del poder, por ejemplo), la injerencia en la línea editorial o el irrespeto de las condiciones de trabajo de los periodistas en los medios que cambien de propiedad, entre otros. Consecuencias que, si ocurren, terminarán afectando a la sociedad.

“En la política se busca acumular voluntades. En cambio, el periodismo es un proceso de desacumular voluntades. Lo periodístico no es simplificar ni generalizar, sino abrir la lógica de la política, y esto es mostrar los matices”, apuntó el ejecutivo de Fopea, que dirige el periodista Fabio Ladetto, al señalar la diferencia entre la militancia comunicacional (“me niego a llamarlo periodismo”, apunta) y la práctica del periodismo profesional.

En otro momento de la charla, y de cara a democratizar los medios y “ampliar” las voces, como argumenta el Gobierno a la hora de sancionar la Ley de Medios, D’Alessandro señaló la necesidad de que existan medios estatales públicos, y no gubernamentales como en la actualidad, y destacó la importancia de que exista una norma que regule la distribución de la publicidad oficial, que evite “castigar” o “premiar” a determinados medios por sus opiniones sobre el Gobierno.

–¿Qué implicancias puede tener el 7D para el periodismo profesional y cómo podría repercutir ese impacto –si lo hubiera– en la sociedad?
–A nuestro entender, y también en el análisis de muchos especialistas, los periodistas y los trabajadores de los medios estamos casi ausentes del articulado de la ley. Se nos menciona al pasar, como proveedores de contenidos. Esta notoria ausencia preocupa tanto por la estabilidad laboral de los trabajadores como por el necesario respeto y tolerancia a la actuación profesional de los periodistas para que podamos cumplir con nuestro rol. Desde sus antecedentes y en el propio articulado de la ley, esta normativa apunta a aumentar la diversidad de voces y contenidos, pero resta ver cómo se ejecutará en los hechos concretos y cómo actuarán los involucrados, tanto el Estado como los particulares. Cualquier efecto nocivo en la aplicación de la Ley –como la discrecionalidad en el otorgamiento de las licencias– terminará afectando al periodismo profesional, y por ende, a la sociedad.

–El gobierno logró un consenso cultural importante, entre amplias franjas sociales, para embestir contra un grupo mediático (un “monopolio”, en palabras del Gobierno) que, muchos creen, condiciona a la democracia. ¿Cuál es la posición de Fopea sobre la concentración mediática?
–En el documento elaborado por Fopea durante el debate previo a la sanción de la ley en 2009 señalamos claramente que este proceso era imprescindible en torno a la necesidad de tener una nueva norma que regule a los medios audiovisuales para fomentar el pluralismo y la libertad de expresión. Uno de los puntos de ese pronunciamiento de 2009 señalaba claramente que se debe evitar la conformación de monopolios u oligopolios públicos o privados, porque esto afecta la pluralidad y la calidad de la información que se brinda a los ciudadanos y las condiciones del ejercicio de la profesión.

–¿Cómo definirías el rol del periodismo profesional en democracia y cuál es su diferencia con el militante?
–Fopea propone desde su nacimiento, hace 10 años, que los medios adopten y respeten códigos de ética, referencias escritas donde se vuelquen cuáles son los valores que forman parte de sus prácticas profesionales de cara a la ciudadanía. En 2006 elaboramos un código propio, donde se definen, entre otros, los valores esenciales de nuestra tarea y que sintetizan el rol que los periodistas profesionales tenemos que comprometernos a desarrollar en democracia: buscar la verdad, resguardar la independencia y dar un tratamiento honesto a la información; el rigor y la precisión en el manejo de datos con el fin de alcanzar una información completa, exacta y diversa. Todo lo que se aleje de estos valores en función de una postura política partidista determinada, aun escondiéndose en el maquillaje de un medio profesional, se acerca claramente a otras formas de comunicación, pero no al periodismo. Lo periodístico no es simplificar ni generalizar, sino encontrar y abrir la lógica de la política, y esto es mostrar los matices.

–En América latina –y no solo en la Argentina– se habla de democratización de la comunicación y ampliación de las voces. Más allá de la puja local con Clarín, ¿cuál sería un escenario ideal en la Argentina de democratización de las voces?
–Es importante que a los licenciatarios/dueños de los medios se les exija, al presentarse a una licitación, un código de ética, lineamientos de estándares profesionales y un código de conducta empresarial. Sugerimos también que cada medio designe a un defensor del oyente o del televidente. Los medios estatales deberían ser públicos y no gubernamentales. En un marco de democratización de las voces y los objetivos de la ley de SCA, es complementario que se apruebe una norma para regular la forma en que el Estado, en todos sus niveles, asigne la pauta publicitaria oficial. Y, finalmente, teniendo en cuenta que en los principios generales de esta ley figura un acceso más democrático a los medios, es imprescindible la sanción de una legislación amplia que garantice el acceso a la información pública.

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