Justicia Vecinal, discusión judicial

Justicia Vecinal, discusión judicial

El pasado miércoles 11 de julio, personalidades del ámbito judicial de los tres poderes del Estado citadino se reunieron para dialogar sobre la consolidación de la Autonomía de la Ciudad en materia jurisdiccional haciendo eje en la Justicia Vecinal. Si bien el encuentro apuntaba a debatir sobre una justicia rápida y accesible para la resolución de los conflictos entre vecinos, la discusión terminó desvirtuándose hasta finalizar en una confrontación entre abogados a favor y en contra del patrocinio letrado obligatorio. "¿Vamos a pasarnos diez años más discutiendo?", preguntó Julio De Giovanni


El primer encuentro por la Justicia fue ampliamente celebrado por todos sus participantes y tuvo como eje el compromiso de los tres poderes por lograr la autonomía plena en materia judicial. El segundo encuentro tuvo la intención de focalizar el debate en la "Justicia Vecinal".

A las 17 horas del miércoles 11 de julio, el Salón Montevideo de la Legislatura porteña quedó chico para alojar a la nutrida concurrencia. Sin embargo el interés y la buena voluntad logró que, con mucha gente de pie, se diera inicio al "Segundo Encuentro por la Justicia en la Ciudad".

"La Constitución quiso que existiera en Ciudad la Justicia Vecinal. No es una justicia de menor cuantía, es la que debe tratar el problema del vecino, al que nosotros debemos buscarle una solución saliendo del modelo tradicional de justicia que lo deja fuera. La justicia es un servicio, no importa la magnitud del problema", expresó en la apertura la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Carla Cavaliere.

A cargo de la Presidencia por ausencia de José Casás, la vicepresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Ana Conde, resaltó la necesidad de debatir sobre "el afianzamiento de la autonomía y los tribunales vecinales" ya que son "deudas pendientes", pero reconoció que "la mora sólo a nosotros nos es imputable". Entre los puntos que abordó en su exposición caben resaltar, "la oposición injustificada de los jueces nacionales a pasar a la justicia de la Ciudad"; el derecho que tienen los vecinos a "resolver sus conflictos en una justicia propia" y a que "no existan competencias superpuestas"; y la responsabilidad que tiene la justicia porteña "para solucionar los conflictos de manera efectiva, como los métodos alternativos implementados por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la cual ha sido pionera".

Con una participación breve y concisa, como acostumbra la presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura, Ivana Centanaro, subrayó la importancia de incluir entre las competencias de los tribunales vecinales "el derecho del consumo", y expresó con alegría que "Iribarne haya elevado al Congreso Nacional el segundo convenio de transferencias penales para su convalidación, que permitirá que trece delitos transferidos sean competencia de la justicia porteña".

El programa anunciaba la participación del Subsecretario de Justicia, Ramiro Monner Sanz (partidario de los discursos cortos), pero en esta ocasión fue más escueto que nunca, limitándose a intervenir activamente en la escena a la hora de la firma de un convenio de colaboración entre la Subsecretaría que comanda y el Consejo de la Magistratura.

Cuando todos esperaban que el coordinador del encuentro diera un recreo para disfrutar de un café con masitas, Javier Fernández Moores (con la meta de finalizar la reunión a las 19:30) dio la palabra a Rubén Donzi, quien acompañado de gráficos proyectados describió los resultados de las encuestas realizadas por el "Programa Justicia y Voluntad Ciudadana" de la Subsecretaría de Justicia de la Ciudad.

Datos muy curiosos revelaron las respuestas de 840 vecinos, abogados, 46 jueces locales y 76 magistrados nacionales encuestados.

"Enviamos las planillas de consulta a más de 200 jueces nacionales, pero sólo 76 respondieron. Esto demuestra un claro desinterés", comentó Donzi.

El 70.2% de los vecinos encuestados no sabe que existe una justicia porteña; el 75.4% percibe a la justicia vigente como ineficiente; un 94.5% considera que mejoraría el acceso a la justicia a través de los Tribunales Vecinales; un 91.5% imaginó que sería más rápida; y el 43.2% aseguró que no consideran acudir a la justicia tradicional debido al tiempo, la burocracia y los costos del sistema actual.

Los jueces revelaron que: el 67% de los magistrados nacionales no está de acuerdo con el traspaso de competencias, y sólo un 35% estaría de acuerdo con el traspaso de las causas de menor cuantía, mientras que los jueces locales en un 100% aceptaría el traspaso. Un porcentaje interesante fue el obtenido por las respuestas que los abogados brindaron, el 90% no intervendría en causas menores a los 5000 pesos.

Agustín Pesce realizó el relevamiento de las estadísticas de la Fundación Contemporánea. Resaltó que "el 80% de los encuestados desconfía del sistema judicial aunque un porcentaje muy menor recurrió a la justicia, es simplemente una percepción muy negativa", y comentó que "en las experiencias piloto realizadas se ha demostrado que los tribunales deberían atender en un horario extendido de 9 a 21".

La intervención de Ángel Bruno, representante de la Asociación de Abogados de la Ciudad, sacudió a más de un disperso que decidió hacer rancho aparte con las masas secas.

"Hace varios años que venimos trabajando este tema. Se ha presentado un proyecto consensuado con la firma de legisladores de todos los bloques", dijo Bruno y comenzó a detallarlo. La luz de alerta se encendió entre varios presentes al escuchar: "El patrocinio letrado obligatorio es necesario debido a la incumbencia. La sociedad prepara personas para ejercer el conocimiento de las leyes".

La Defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, hizo hincapié en que "los porteños nos vamos a hacer cargo de las migajas que nos tiran de la Nación, si consideramos a los Tribunales Vecinales como menor cuantía". También planteó la importancia de no encorsetar a la justicia vecinal en un monto, sino ampliar su competencia a "todas aquellas que no entren en conflicto con la Nación", manifestó que sería apropiado nombrarla "justicia de proximidad y no de menor cuantía" y coincidió con Bruno en la "importancia de la profesionalización". "La asistencia de un profesional para la defensa jurídica de sus derechos debe ser gratuita para el vecino, pero no gratuita para el profesional", finalizó comparando al sistema de justicia vecinal con la atención primaria de salud.

Luis Lozano, miembro del Tribunal Superior de Justicia, centró su exposición en la materia. "Sería un grave error reducirla al monto, ya que estaríamos incumpliendo el artículo 129 de la Constitución donde se establece que las facultades del territorio son propias de la Ciudad. Si queremos igualdad entre todos los argentinos, debemos asumir las mismas responsabilidades que los provincianos", aseguró.

Sorpresiva fue la intervención del Fiscal General, Germán Garavano, quien planteó un esquema de justicia vecinal impensada por la mayoría de los presentes. "Sería un error incluir la obligatoriedad del patrocinio letrado, los costos que generaría evitaría que el vecino busque la solución de sus conflictos en los tribunales", señaló. Y aumentando el asombro de la concurrencia agregó: "Un estudio realizado en el año 98 sobre la demanda de justicia vecinal no planteada, señalaba la necesidad de crear 70 tribunales descentralizados, más de 200 jueces, sería interesante incorporar vecinos calificados en la justicia vecinal", aportó tocando peligrosamente los intereses de varios interesados en el tema.

Con el partido de Argentina-México acercándose, la descripción de todos los proyectos con estado parlamentario sobre Justicia Vecinal, fue realizada breve pero claramente por el director de la Comisión de Justicia, Andrés Elisseche.

El consejero Ricardo Baldomar, a modo de conclusión expresó tres frases más que contundentes: "La justicia atañe a los tres poderes. Debemos hacer una justicia hacia la gente y no hacia las corporaciones profesionales. Los jueces de la Ciudad vamos a seguir trabajando para la gente".

Apenas pasadas las 20, el cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente de la comisión de Fortalecimiento Institucional del Consejo de la Magistratura, Julio De Giovanni.

Prometió brevedad y cumplió.

Luego de preguntarse si "¿Vamos a pasar diez años más discutiendo?", aseguró que "es necesario un convenio complementario para definir las competencias"; que "el proyecto modelo (defendido por Bruno) es un proyecto de consenso forzado que deja afuera un montón de opiniones -de todos aquellos que quieren una justicia vecinal distinta-"; y que "la justicia vecinal debe ser descentralizada, para lo que no es necesario que primero esté la ley de comunas".

"Hay que escuchar. En este proyecto faltan voces", finalizó. Y todos partimos rápidamente a ver el triunfo de Argentina.

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