El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, sufrió un revés judicial con la apelación que presentó el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, contra la resolución por la cual se declaró "prescripta" una causa en la que se lo investiga por una presunta defraudación a la administración pública cometida durante su gestión en la administración delarruista.
En un dictamen de ocho carillas, al que Télam tuvo acceso, el representante del ministerio público pidió a la Cámara Federal que revoque el sobreseimiento dictado por la jueza María Servini de Cubría y solicitó que se le tome declaración indagatoria al funcionario macrista y que se dicte el procesamiento del también imputado Marcelo Alberto López Alfonsín.
Los hechos juzgados ocurrieron en diciembre de 2000 cuando Lombardi era ministro de Turismo e Interventor de la Administración de Parques Nacionales de la Alianza y firmó un cuestionado contrato millonario para la compra de la propiedad "Estancia San Nicolás", de 10.624 hectáreas en la provincia de San Luis, que luego no se realizó y los vendedores retuvieron alrededor de medio millón de dólares entregados en concepto de seña.
A esa suma, expicaron allegados a la investigacion, hay que agregar 270.000 pesos que abonó López Alfonsín en concepto de multa más lo que resulte del juicio que los vendedores iniciaron contra Parques Nacionales por la anulación de la operación En su alegato Moldes ?con la intervención del secretario Pablo Gasipi- analizó los "aspectos criminales" de la operación celebrada en diciembre de 2000 por parte de Lombardi y continuada en junio de 2001 por López Alfonsín quien "renegoció el contrato de compra" y pagó una multa de 270.000 pesos/dólares a los vendedores, "un importe superior al que hubiera correspondido si se respetaba el cálculo previsto en el boleto de compra", explicaron las fuentes.
De las constancias del expediente surge que meses después – en octubre de 2001- "los vendedores recibieron un llamado de la Escribanía General de la Nación avisándoles que la APN había cancelado la fecha del acto" por carecer de partidas presupuestarias que avalasen la compra que estaba destinada, en principio, para la creación de un parque nacional para la preservación de los "pastos nativos y el venado de las pampas".
Al oponerse a los argumentos de Servini de Cubría para decretar el cierre de la causa por el paso del tiempo Moldes citó la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759) que establece que los plazos de prescripción comenzarán a regir cuando los investigados abandonen su carácter de "funcionarios públicos".
En ese sentido el fiscal general explicó que "Lombardi fue ministro de la Nación y lo es" desde diciembre de 2007- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y que López Alfonsín "nunca dejó de ser personal jerarquizado del Senado de la Nación" con actuación como "agente público de distintas provincias y municipios".
"Por este conjunto de ideas sostengo que aún está suspendido el inicio del curso de la prescripción de la acción penal que se le imputa a Hernán Santiago Lombardi y a Marcelo Alberto López Alfonsín", concluyó Moldes quien solicitó a la Sala I de la Cámara Federal que "revoque la resolución apelada mediante la cual se dispuso el sobreseimiento" de los imputados.
