La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) que informe en un plazo de 10 días la nómina de las empresas industriales o de servicios que integran actualmente la lista de agentes contaminantes de esa cuenca fluvial.
El máximo tribunal dispuso, además, que la Acumar le informe el listado de empresas sujetas a un control ambiental diferenciado, las que se consideran de mayor relevancia y las que revisten complejidad en ese aspecto, de acuerdo al aporte que hacen a la contaminación de esos ríos.
Así lo resolvió en el expediente “Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra el Estado Nacional y otros” por los daños y perjuicios derivados de la contaminación de la Cuenca Matanza Riachuelo, con la firma del presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La Corte tomó las medidas debidos a “las características típicas de todo proceso colectivo, la excepcional naturaleza de esta causa y la necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el tribunal de encausar su tramitación mediante un procedimiento útil y eficiente que no frustre ni distorsione los ingentes intereses comprometidos”.
Además de los habitantes ribereños de ésta capital, la cuenca afecta a millones de vecinos de 14 municipios bonaerenses.