La Ley nacional de Tránsito, N° 24.449, establece la obligatoriedad para las jurisdicciones del control técnico para todos los vehículos, pero la Ciudad de Buenos Aires está en mora ya que no ha sancionado hasta el momento la ley que lo implemente.
Este control -considerado por muchos “absolutamente necesario”- busca garantizar mayor seguridad vial y menor contaminación, entre otras cuestiones. Uno de los motivos de la demora en su aprobación, ya que este tema se viene debatiendo en la Legislatura hace más de cinco años, es quién tiene que realizar los controles técnicos.
Recientemente, la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura porteña respaldó mayoritariamente (no lo firmaron María Florencia Polimeni ni Pablo Failde) un proyecto referido a la implantación de la Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires, producto del consenso de los proyectos presentados por los diputados Jorge San Martino (Recrear) y Álvaro González (Juntos por Buenos Aires).
El dictamen vuelve sobre las cuestionadas Plantas Verificadoras, de acuerdo al proyecto “Estaciones de Revisión fijas habilitadas para ese fin”, las cuales serán concesionadas por diez años por el Gobierno de la Ciudad.
La sanción de esta iniciativa a nivel local obligará a que todos los vehículos con más de tres años de antigüedad sean inspeccionados técnicamente una vez al año en estas plantas verificadoras.
Deberán hacerla los vehículos particulares radicados en Capital y también, los taxis, remises y micros escolares, que hoy cumplen con un control anual a cargo de la empresa SACTA. Con la nueva ley, esta firma dejaría de operar.
Sólo quedarán exentos de la VTV los colectivos y camiones, porque ya tienen que cumplir con una revisión a cargo del Gobierno nacional.
El proyecto establece que los propietarios de los automotores que no realicen las revisiones técnicas obligatorias serán sancionados con multas de entre 100 y 1.000 pesos. Y las motos que circulen sin la certificación, con una multa de entre 50 y 500 pesos.
La propuesta también contempla que el costo de la verificación pueda ser deducido del pago de la última patente, siempre y cuando el propietario del vehículo tenga dicho pago al día y, a la vez, presente un certificado de libre deuda respecto a infracciones.
“La implementación de este sistema de certificaciones no sólo traerá aparejado un beneficio directo para la comunidad, al generarse una mayor seguridad en el tránsito y reducirse la contaminación del medio ambiente, sino que complementariamente se logrará un ahorro de energía no renovable y se prolongará la durabilidad de los vehículos”, explicó el diputado San Martino, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte.
En tanto, Álvaro González sostuvo: “La revisión técnica de vehículos permitirá garantizar que las características requeridas y aprobadas a los fabricantes sean mantenidas a través del tiempo en los vehículos que circulan por la Ciudad tendiéndose a mejorar: la seguridad activa, para reducir la posibilidad de accidentes; la seguridad pasiva, para disminuir las consecuencias de un accidente, y la protección del medio ambiente para contribuir al decrecimiento de la contaminación del aire y del nivel de ruidos”.
Sin embargo, uno de los principales críticos de este sistema, el ex legislador y actual secretario Político de Unión por Todos, Fernando Caeiro, aseguró que “si la Legislatura porteña aprueba el dictamen se instalará otro nuevo negocio por diez años que tendrá cautivo a más de 1.600.000 propietarios de vehículos radicados en nuestra Ciudad, repitiendo la mala experiencia de la provincia de Buenos Aires con sus Centros Verificadores”.
Para Caeiro “la instalación de Estaciones de Revisión representan un nuevo negocio con estructuras edilicias, administrativas y de personal que tendremos que pagar todos los usuarios una vez por año cuando tengamos que renovar el control vehicular.
Además, se producirán trastornos para cumplir con el trámite ya que habrá solamente cinco estaciones y los vehículos tendrán asignada la Estación de Revisión de acuerdo al numero de terminación de la patente, esto busca garantizar el reparto del parque automotor a todas las Estaciones por igual, no permitiendo al usuario optar por la que atienda mejor o mas próxima a su domicilio”.
Por último, el ex legislador sostuvo que “la alternativa es simplificar el control técnico habilitando a los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos que ya funcionan, y que estén interesados en brindar el servicio. Con lo cual en vez de tener que concurrir a la planta verificadora una vez por año, podremos realizar la verificación en nuestro habitual taller, si está habilitado para tal efecto, bajando y simplificando los costos del trámite”.
Igualmente, para Alberto Silveira, presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, “de una vez por todas se tiene que cumplir la ley. La Ciudad tiene casi diez años de incumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito”.
Y agregó: “En todo el país, en lo que va del año hay, aproximadamente, 2.900 muertos. De los cuales, 110 casos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires. La gran pregunta es si la implementación de la verificación técnica vehicular puede reducir este número o sólo es un sistema recaudatorio”.
Según Silveira “la verificación técnica puede reducir el número de accidentes de tránsito, aunque las fallas vehiculares no son uno de los principales causantes. Menos en la Ciudad de Buenos Aires donde el parque automotor es uno de los más modernos del país”.
Actualmente, se calcula que el 85 % de los accidentes de tránsito son producidos por el factor humano (desidia, inexperiencia, distracción, desconocimiento de las normas de tránsito, etc); el 6 %, por problemas del camino o del ambiente; el 6 %, por desperfectos del vehículo; y el 3 % restante corresponde a otras causas.
En lo que respecta al Poder Ejecutivo, durante su visita a la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura, el subsecretario de Transporte, Gustavo Álvarez, aseguró estar de acuerdo con que la Ciudad tenga bajo su control la verificación técnica vehicular, “es el único distrito del país que no lo tiene”. NU trató de ampliar la opinión del funcionario, pero se ve que las reuniones no le dejaron espacio para evacuar la consulta.
Por lo pronto, el despacho fue girado a las comisiones de Presupuesto; Justicia y Obras y Servicios Públicos para su tratamiento y, de contar con la adhesión de las mismas, será tratado en el recinto probablemente el próximo mes de julio.
En la Provincia, la VTV es controvertida
En la provincia de Buenos Aires sólo el 37% del parque automotor -estimado en 3,5 millones de vehículos- concretó la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Del total verificado, el 80% aprobó la evaluación.
LA VTV en el territorio bonaerense tiene una historia controvertida. Se estableció en la ley provincial 11.430 (Código de Tránsito). El sistema comenzó a instrumentarse en mayo de 1997. Pese a que el objetivo de la norma es minimizar “al máximo el riesgo de accidentes por fallas técnicas previsibles”, en aquel momento provocó muchas dudas y quejas entre los automovilistas.
Las verificaciones se iniciaron con los vehículos cuyas patentes finalizaban en 0 y 1. Los primeros meses fueron caóticos: costaba conseguir turnos, las revisaciones se prolongaban y, en algunas plantas, llegaron a reunirse casi 500 automóviles en espera.
Fue imposible cumplir el cronograma, que preveía verificar la totalidad de vehículos radicados en la provincia para noviembre de 1997. Esto obligó a postergar la obligatoriedad de la VTV en varias oportunidades. Para completar el complicado panorama, en el mismo año, surgieron varias denuncias por el funcionamiento de plantas verificadoras sin habilitación.
El 1º de abril de 1998 se realizaron las primeras inspecciones callejeras y comenzaron a labrarse actas a aquellos que no habían realizado la VTV. En septiembre de 2000, cuando en la provincia había tres millones de vehículos, sólo el 15% estaba verificado, según el Ente Regulador de la VTV.
