Ley de Tierras: ordenan preservar registros oficiales
La medida judicial responde a una advertencia formal del organismo provincial, encabezado por Guido Lorenzino, quien alertó sobre las consecuencias de eliminar controles clave como el mapa dominial y las restricciones para la venta de propiedades rurales a titulares extranjeros. El Defensor destacó que esta desregulación pone en riesgo específicamente a distritos con alta concentración de capitales internacionales, mencionando explícitamente a Zárate y Campana como zonas vulnerables ante esta política.
En respuesta al escenario judicial y administrativo, la oposición en el Congreso está afinando una contraofensiva para neutralizar el impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. Las distintas fuerzas opositoras han convergido en la necesidad de resguardar el límite del 15% establecido para la venta de inmuebles rurales a titulares extranjeros, argumentando que la flexibilización impulsada por la gestión oficial debilita la soberanía sobre los recursos naturales argentinos.
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense enfatizaron que resguardar los datos registrales es fundamental para proteger la soberanía sobre los recursos naturales y garantizar la sustentabilidad ambiental. "No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural", sostuvo Lorenzino en declaraciones oficiales sobre el caso.
Los sectores opositores evalúan diferentes caminos parlamentarios para restituir los controles desaparecidos, incluyendo la convocatoria a una sesión especial para rechazar definitivamente el DNU en el Poder Legislativo. Como alternativa, también consideran presentar un proyecto de ley específico que vuelva a poner en vigencia las restricciones y mecanismos de control dominial, buscando sumar el respaldo de bloques aliados e independientes preocupados por el impacto territorial en las provincias.
El pasado 1 de octubre, bloques opositores formaron una coalición formal ante la Presidencia de la Cámara de Diputados -incluyendo Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, La Izquierda y Provincias Unidas- para solicitar una sesión especial destinada a debatir esta cuestión. La iniciativa refleja la división política en torno al manejo de tierras rurales y marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el poder ejecutivo y legislativo respecto a la regulación de la propiedad rural argentina.
