Sin acuerdo en la Corte: dos conjueces se sumarán al debate por la Ley de Tierras
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sumó nuevos protagonistas al conflicto judicial por la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Ante la falta de unanimidad entre sus tres integrantes -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, el máximo tribunal decidió completar su integración para avanzar sobre una nueva causa que cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023. Para resolver el expediente fueron designados como conjueces titulares Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Cursi, mientras que Eduardo Guillermo Farah y Jorge E. Morán quedaron como suplentes.
Ahora, el expediente que vuelve a poner el tema bajo análisis fue promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con otros actores, y plantea nuevamente cuestionamientos contra la eliminación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La organización fundamentó su presentación en el derecho constitucional a la protección del ambiente. El caso había sido iniciado en la Justicia Federal de Bariloche y posteriormente fue remitido a la Cámara Federal de La Plata por su vinculación con el proceso colectivo iniciado por el CECIM.
La diferencia respecto del expediente anterior resulta central para el futuro de la discusión. Mientras la Corte entendió que el CECIM no tenía legitimación suficiente para llevar adelante aquella acción colectiva, el planteo de Árbol de Pie presenta un argumento directamente relacionado con la protección ambiental. El máximo tribunal había dejado expresamente abierta la posibilidad de analizar otros procesos vinculados con la derogación de la Ley de Tierras, por lo que el nuevo expediente podría llevar a los magistrados a avanzar sobre una cuestión que hasta ahora evitaron resolver: la validez constitucional de la decisión del Gobierno de Milei.
Con Barroetaveña y Pérez Cursi como conjueces titulares, la Corte contará con dos magistrados adicionales para alcanzar el número necesario para dictar sentencia si persisten las diferencias entre los tres jueces actuales. Barroetaveña es camarista federal y Pérez Cursi preside la Cámara Federal de Mendoza; ambos integran el universo de magistrados que pueden actuar como conjueces del máximo tribunal. Como respaldo quedaron designados Eduardo Guillermo Farah y Jorge E. Morán, quienes asumirían en caso de que alguno de los titulares deba apartarse o no pueda intervenir.
El escenario tiene además una dimensión política que excede al expediente puntual. La derogación de la Ley de Tierras fue una de las modificaciones introducidas por el DNU 70/2023 y eliminó las restricciones que regían sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. La posibilidad de que la Corte avance ahora sobre el fondo del planteo vuelve a colocar bajo discusión uno de los cambios estructurales impulsados por el Poder Ejecutivo mediante el decreto de necesidad y urgencia.
Así, la causa de Árbol de Pie abre un nuevo capítulo en una disputa que combina propiedad de la tierra, protección ambiental, soberanía territorial y los límites constitucionales de los decretos presidenciales. La llegada de Barroetaveña, Pérez Cursi, Farah y Morán permite completar el tribunal ante la falta de consenso de sus tres integrantes actuales, pero todavía no anticipa cuál será el resultado. La decisión que adopte la Corte podría convertirse en una nueva definición de alto impacto sobre una de las reformas más controvertidas del Gobierno de Milei.
