El procedimiento de Audiencia Pública insertado como principio constitucional, desde hace siglos es un precepto jurídico reconocido en el derecho anglosajón, hoy ya con vigencia universal.
El principio en el que se funda es el de la necesidad política y jurídica de someter al debate público, esto es escuchar la "voz del pueblo", en determinados temas antes de adoptar una decisión que por su trascendencia puede afectarlo.
Esta forma de consulta, o de democracia participativa, no sólo no desconoce sino que resalta la estructura del estado democrático y de su división de poderes. El pueblo gobierna por sus representantes, elegidos libremente y son ellos los que deben en definitiva tomar las decisiones últimas, mas allá de contemplar las aspiraciones populares y defender sus
derechos.
La Audiencia Pública es una instancia democratizadora del poder y una garantía de transparencia, pues se transforma en un mecanismo de formación de consenso de la opinión pública respecto al accionar gubernamental.
En la Audiencia Pública el ciudadano es parte interesada y activo, es decir que su participación produce prueba y controla lo que se produce. Es por ello que a la propia administración debiera interesarle la presencia mayoritaria, pues le aportará sustento, legitimidad y hasta consolidación de su imagen en el cumplimiento de las funciones.
Sus efectos los podemos considerar entonces bidireccionales. Sirve a la autoridad pública para conocer la posición ciudadana sobre determinadas materias, lo que disminuye el riesgo del error y por otro lado le permite legitimar sus actos.
Por eso una convocatoria de audiencia popular no debiera tener otra intencionalidad política que la de escuchar al vecino común, prestando atención a sus reclamos y posición, y debiera evitar convertirla en una tribuna partidista, intolerante y falta de propuestas que no sirvan para enriquecer el debate social. Debe ser el lugar del aporte de ideas sin disfrazarlas de pretendidos demagógicos reclamos populistas, de integración, y expresión de interés, donde el ciudadano independiente pueda ser escuchado.
La experiencia pone en duda su alcance, su finalidad, sino se tiene una decidida actitud democrática, abierta a la participación como una forma de expresión popular y ciudadana.
El deterioro moral de nuestra sociedad ha minado la credibilidad en las instituciones y llegado a niveles éticos inaceptables en materia de convivencia, de allí que sea necesario fortalecerlas, evitando caer en la búsqueda del clientelismo corrupto, para dar lugar a organismos creíbles, independientes y confiables.
Hay una mayoría silenciosa, que no responde a consignas partidarias, ni a pancartas, que lejos de la retórica, pretende participar y ser escuchada, que no busca la sustitución del poder representativo. Pero es indispensable fortalecer esas zonas de poder institucional como la Audiencia Pública que puede ser el marco propicio, estableciendo reglas que no rompan cierto espíritu de informalidad para facilitar el diálogo y el intercambio enriquecedor que para que sea absolutamente eficaz requiere del derecho al libre acceso a la información y honrar la opinión del vecino para que no se caiga en el riesgo de considerar a este procedimiento como mero mecanismo de convalidación de decisiones ya tomadas.
Para ellos la participación implica tomar parte personalmente, es involucrarse, sin dejarse confundir con el "activista". No debemos dejar de señalar que la opinión pública traduce por lo general una realidad mas fragmentaria y volátil, es decir mas heterogénea y cambiante.
Buenos Aires se gobierna por una democracia representativa que como comprobamos no excluye ni la participación ni eventualmente el "referéndum", mas bien los cobija, pero como elementos subordinados y no como forma de gobierno directo. El juego de pretender quitar poder puede conducir al vacío de poder, a la anarquía.
* Director y Presidente de la Junta de Ética de la Legislatura porteña, respectivamente