La sociedad porteña afronta un desafío de primer orden: "de manera absolutamente desembozada un representante orgánico del poder económico más concentrado del país, pretende gobernar el Estado de la Ciudad de Buenos Aires". Vendiendo una supuesta imagen de hombre nuevo con capacidad de liderazgo y eficiencia, el representante del Grupo Macri pretende ocultarnos que fueron sus estrategias y sus políticas, así como sus intereses, los que al ser privilegiados durante los últimos veintisiete años, dieron lugar al proceso de decadencia que hoy exhibe la economía y la sociedad argentina.
Es así que puede observarse al examinar la historia de este conglomerado empresario, su estrecho compromiso con la dictadura y el menemismo, así como con el endeudamiento externo, los subsidios fiscales, las privatizaciones y las recientes experiencias de pesificación de deudas. Más aún, es demostrable que uno de los momentos de mayor crecimiento del mismo se asocia con una de las páginas más negras de la historia argentina: previo al golpe militar la formaban parte del Grupo Macri 7 empresas, en 1983 ya eran 47.
I) EXPANSIÓN DEL GRUPO EMPRESARIO
Precisando los mecanismos que explican la expansión de este Grupo Económico corresponde señalar lo siguiente:
a) Sobre el endeudamiento externo:
A comienzos de los años ochenta, importantes empresas controladas y/o vinculadas al Grupo (Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Dragados y Obras Portuarias, R.S.Z. y A Producciones, Iecsa y Manliba) acumulaban un endeudamiento con el exterior cercano a los 180 millones de dólares. Está demostrado por los estudios disponibles respecto a aquel periodo que el endeudamiento empresarial se articuló con la especulación financiera y la fuga de capitales, para ser luego transferido a la sociedad toda por medio de los distintos regímenes de seguro de cambio que se aplicaron durante los años ochenta.
También debe destacarse que el Grupo Macri participó con dos de sus empresas (Establecimiento Mecánico Jeppener y Sideco) en los programas de capitalización de la deuda externa privada que se aplicaron durante aquella década.
b) Sobre la apropiación de recursos públicos:
Dos empresas que integraban el conglomerado (Fenargen e Itron) fueron beneficiadas por los regímenes de promoción industrial. Regímenes que, sabemos en función de las investigaciones disponibles, transformaban prácticamente en cero el costo de las inversiones que con ellos se realizaban y permitían, por lo tanto, la realización de ganancias literalmente infinitas.
Otra forma de apropiación de recursos públicos, central en su desarrollo, fue su papel como contratista del Estado (principalmente a través de la constructora Sideco). Participó así en la construcción de la Central Nuclear Atucha, en la Central Hidroeléctrica Salto Grande, y en el Puente Internacional Posadas – Encarnación.
También en 1979 el Grupo Macri resultó adjudicatario de la primera privatización de recolección de residuos domiciliarios (Manliba), existiendo numerosas denuncias relacionadas sobre los contratos que firmó Manliba con la, en ese entonces, Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires. Denuncias que no hacen más que confirmar las características que de manera general han definido a los contratos de este tipo de Grupo empresario con el Estado (condiciones irracionales y costos elevados).
En este sentido, y simplemente como ejemplo, puede comentarse el caso de los contratos tercerizados que desde principio de la década del noventa mantenían privatizadas las bases de datos y las cuentas corrientes de los contribuyentes de la Ciudad, contratos que en diversas oportunidades fueron cuestionados por sus altos costos operativos, su obsolescencia tecnológica, su vulnerabilidad y sus sucesivas prórrogas.
Estos contratos conocidos como UTE RENTAS (integrado casualmente por Macri, Siemens, Bulgheroni y la BNL) y CATREL SA (Roggio) fueron rescindidos por el actual Gobierno de la Ciudad siendo en la actualidad el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y la propia Administración los que proveen los servicios que antes prestaban las citadas empresas. Los resultados del cambio en materia de costos y productividad son elocuentes: si en el año 2000, cuando asumió la nueva gestión, se recaudaban 27,61 pesos por cada peso gastado, durante el año 2002 y pese a la crisis, se superaron los 35 pesos de recaudación. A consecuencia de lo expuesto, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires gasta 30 millones de pesos menos al haber anulado los contratos mencionados.
c) Sobre las privatizaciones :
El Grupo Macri participó de algunos consorcios adjudicatarios de empresas privatizadas. A saber: Distribuidoras de Gas Cuyana y del Centro, algunas áreas petroleras transferidas al sector privado en el marco de la venta de YPF, corredores viales y redes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, y posteriormente se le adjudicó el Correo estatal.
Además de los beneficios que el grupo obtuviera por vía de los mecanismos expuestos, hay otras dos cuestiones que vale la pena mencionar:
a) Sobre el Régimen Automotriz:
En tanto el grupo Macri experimentó un importante crecimiento asociado a su participación en Sevel, corresponde mencionar como otro de los mecanismos por los cuales fue favorecido al régimen automotriz. Regimen que si bien favoreció a las terminales, destruyó la integración del sector, afectando a los autopartistas y promovió un fuerte déficit en intercambio comercial con el exterior que indujo mayores niveles de endeudamiento.
b)Sobre la Reventa de Empresas:
En el marco del festín de los noventa el Grupo Macri también participó de la oleada de venta de empresas que habiendo sido adquiridas durante las privatizaciones fueron revendidas realizando espectaculares ganancias. Es el caso de su participación en las distribuidoras Cuyana y del Centro, donde como producto de su venta obtuvo una ganancia patrimonial cercana a los 170 millones de dólares que, sumadas a una masa de ganancias corrientes del orden de los 130 millones de dólares, le permitió obtener una tasa media de rendimiento anual de la inversión inicial equivalente al 20%. Rendimientos que, vale la pena precisar, fueron posibles en razón de la venta a precio vil del patrimonio público, de la afirmación de marcos regulatorios absolutamente favorables a las empresas y de la desnacionalización de activos estratégicos.
Descriptos los principales mecanismos, por cierto escasamente virtuosos, que permitieron la expansión del Grupo Macri, corresponde situar también aquellas "prácticas non sanctas" que fundadas en una poderosa capacidad de lobby sobre el sistema político tradicional, lo han hecho transitar, incluso, por fuera de la legalidad. A este respecto puede señalarse lo siguiente:
El procesamiento judicial que recibió el empresario por "contrabando agravado" en razón de maniobras realizadas con exportación de autopartes al Uruguay.
La denuncia realizada por la oficina Anticorrupción en contra del ex Presidente De la Rúa y algunos de sus ministros por fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo esto asociado a la sanción de dos decretos que favorecieron a los concesionarios de las principales rutas nacionales (Nros. 92/01 y 976/01) .
Entre los denunciados por la Oficina anticorrupción figura también el especialista técnico que elaboró el acuerdo impugnado, el ingeniero Edgardo Gastón Plá. Según su declaración jurada patrimonial hasta un mes y medio antes de ser designado subsecretario de Obras Públicas, se desempeñó en la empresa Civilia Engenheria de Brasil, y antes aún en Sideco Americana de Chile, que forman parte del conglomerado empresario Socma, Sociedades Macri.
El carácter de Grupo dominantemente lobbista más que empresarial se exhibe con claridad en lo recientemente expuesto. No obstante, algunos datos permiten precisar (más allá del intento por negarlo que hoy hace el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri) sus fuertes vínculos políticos con el menemismo. Este grupo empresario fue uno de los aportantes principales de la campaña de Menem en el 89 acercando 1,2 millón y una docena de autos Fiat. Una vez designados en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dormí y Rodolfo Barra solicitaron a los grandes grupos económicos, hombres para ocupar lugares en el organigrama, aunque ese loteo no debía hacerse manifiesto.
Macri colocó en la subsecretaría de planeamiento a Horacio Escofet, en la de concesiones al director de Sideco Americana, Carlos Manuel Ramallo, en la subsecretaría legal y técnica de la presidencia a Osvaldo Pérez Cortés. En la comisión vial del ministerio, además de Escofet y Ramallo, los Macri ubicaron a su apoderado Guillermo Fanelli Evans y a Roberto Righini. Por un acuerdo entre los grandes grupos, la mitad de los kilómetros debían adjudicarse a los mayores contratistas (22 por ciento Benito Roggio, 17 por ciento Macri, 11 por ciento Techint) y el resto se prorratearía entre los menores. La distribución se hizo de modo de complacer a empresas integrantes de las tres cámaras de constructores, para que no hubiera descontentos que protestaran.
En clara alusión al grupo Macri, la mencionada denuncia de la Oficina Anticorrupción concluye: "Resulta altamente llamativa la actuación de este grupo empresario, tanto al momento de otorgarse las concesiones viales allá por el año 1990 como al momento de reconocerse el pago de una deuda millonaria que incluye montos que resultan ilegítimos". En otra parte señala que el grupo Macri "contó con personas allegadas a sus intereses en la Secretaría de Obras Públicas en los momentos estratégicos del desarrollo de estos contratos", tanto al redactarse los pliegos como al acercarse el fin de la concesión "reconociéndose pagos millonarios en el año 2001 que incluían rubros ilegales".
En relación con todo lo anterior, téngase presente que las concesiones viales fueron unos de los ámbitos privatizados más favorecidos (supresión del canon a pagar al Estado, autorización de aumentos tarifarios violatorios de taxativas disposiciones de la Ley de Convertibilidad, subsidios estatales a los concesionarios, etc.) y en el que se constataron mayores incumplimientos por parte de los privados (sobre todo en lo que respecta a inversiones comprometidas contractuales) todos avalados por las acciones u omisiones estatales.
Una mención especial merece la participación del Grupo Macri en la privatización del sistema postal.
En lo relativo a la privatización del correo oficial, cabe una primer referencia vinculada con el proceso previo -y preparatorio- de la misma. Se trata de la desregulación del servicio postal, más precisamente de las normas emanadas del Decreto 1187/93 de "desmonopolización" de la actividad, sancionado en el marco de la Ley de Reforma del Estado. El mismo habilitó el ingreso de nuevos prestadores a algunos de los distintos servicios postales, en procura de introducir ciertos niveles de competencia en los mercados (desde tal desregulación, se duplicó el número de operadores postales).
El comienzo efectivo del proceso de privatización sufrió diversas dilaciones y finalmente, recién en marzo de 1997 (Decreto 265) se convocó a licitación pública nacional e internacional para el otorgamiento de la concesión de los servicios postales, monetarios y de telegrafía prestados, hasta allí, por ENCOTESA. Muy pocos meses después, en agosto del mismo año, por Decreto 840/97, se adjudicó la empresa y se firmó el correspondiente contrato de concesión con Correo Argentino.
La composición accionaria actual del consorcio ganador tiene como socio mayoritario a Sideco Argentina -grupo Socma- que detenta el 73.5% de las tenencias accionarias, y como socios minoritarios al Banco de Galicia y Buenos Aires (12.5%), y al Programa de Propiedad Participada (14%). Como en otras privatizaciones, el componente esencial de la oferta a tener en cuenta al momento de la transferencia de la empresa fue el monto de canon ofrecido. Se trató, en este caso, del pago por tal concepto de 103 millones de pesos, en dos cuotas semestrales.
Ya desde los mismos inicios de la actividad de la empresa, su desempeño económico no se asemejaba en nada al de la mayoría de las firmas que pasaron a manos privadas. En el primer año de gestión, y a pesar de que la "Argentina tiene uno de los correos domésticos más caros del mundo" (al decir de un apologista del programa privatizador, Pablo Spiller), las pérdidas contables resultaron casi equivalentes al 9 % de la facturación total, al tiempo que la pérdida de participación en el marcado postal emerge como una constante (pasó de 48% en 1997, a menos del 38% en el año 2000). En ese marco, la empresa inició un muy acelerado e intenso proceso de expulsión de mano de obra, como mecanismo privilegiado de acceder a superiores niveles de productividad frente a sus principales competidores (OCA y Andreani, entre otros).
Esta última referencia merece algunos comentarios de interés. Como parte de los compromisos contractuales asumidos, Correo Argentino debía realizar inversiones por un valor aproximado a los 100 millones de pesos en los primeros cuatro años de gestión. Si bien la empresa realizó parte de las inversiones comprometidas, no puede dejar de mencionarse la relación que, por una llamativa decisión de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, existente entre las mismas y la política de achicamiento de la dotación de personal. En efecto, en los dos primeros años y bajo el concepto de "retiros voluntarios" el plantel de trabajadores de la misma se redujo en más de 10.000 personas con la particularidad, vinculada a aquella decisión gubernamental, que el costo de tales "retiros" (casi 100 millones de pesos) fue considerado como una "inversión" de la empresa, enmarcada en los compromisos asumidos originalmente en la materia.
El deficitario desempeño de la empresa (en más de una ocasión, incluso en el ámbito parlamentario se planteó que el grupo Socma intentaba el "vaciamiento de la empresa") derivó, ya desde mediados de 1999, en la búsqueda de su fusión con algún grupo empresario dispuesto a aportar nuevos fondos para la recuperación de la misma. En ese marco se inscriben las prolongadas negociaciones con el grupo Exxel -precisamente, el responsable de la principal firma competidora como es OCA-, para encarar un proceso de fusión.
Después de casi un año de intercambio de propuestas, a mediados de julio de 2000 se realizó la presentación ante la Secretaría de Defensa de la Competencia. Sin embargo, antes que ésta se expidiera -negativamente- ambas empresas desistieron de la operación (sin embargo, el grupo Socma ha anunciado públicamente que sigue en la búsqueda de un socio estratégico que le permita incorporar capitales y tecnologías a gran escala y una gran experiencia internacional).
De todas maneras, la principal problemática que plantea la situación de Correo Argentino desde hace varios años gira en torno a, por un lado, el incumplimiento de sus compromisos de inversión y, por otro, fundamentalmente, a la decisión unilateral de la empresa de dejar de pagar el correspondiente canon a partir de marzo de 2000 (el último pago se remite al 31 de agosto de 1999). Hacia fines del 2001, tal deuda con el Estado asciende a, aproximadamente, 200 millones de pesos. A este respecto, numerosos analistas coinciden en que existen suficientes fundamentos como para rescindir el contrato.
En la actualidad, el grupo exhibe una posición importante en el mercado brasilero y, a nivel local, presenta una cartera de inversiones relativamente diversificada (alimentos, ingeniería y construcciones, energía eléctrica, negocio inmobiliario, distintos tipos de servicios, etc.) Según consta en el balance de Socma, entre las principales empresas en las que el grupo tiene participación figuran: Cralco (alimentos congelados), Pitey (lácteos), Basilar (farináceos en Brasil), Isabela (farináceos en Brasil), Zabet (farináceos en Brasil), Estancias del sur (industria cárnica), Prenda (industria cárnica en Brasil), Chapecó (industria cárnica en Brasil), Siemens-Itron Business Services (telecomunicaciones/informática), Sepsa (pago de servicios en Argentina, Brasil y México), Macair Jet (transporte aéreo de pasajeros y de carga), Buenos Aires golf Club (inmobiliaria), GNC Galileo (gas natural comprimido), Salta Cotton (desmotadora de algodón), Yuto (actividades agropecuarias), Sideco Americana (construcción), Correo Argentino (correo telepostal), Líneas de Transmisión del Litoral (transporte de energía eléctrica), Yacylec (transporte de energía eléctrica), Central Urugua-i (generación de energía eléctrica), Termorio (energía eléctrica Brasil), Novatrans (energía eléctrica Brasil), Servicios Viales (concesionario vial en Colombia), Enterpa (recolección de residuos en Brasil), Civilia Engenharia (construcción en Brasil), IECSA (ingeniería y construcciones), IECSA Perú (ingeniería y construcciones), IECSA Brasil (ingeniería y construcciones en Brasil), Geometal (minería), Creaurban (inmobiliaria), Puentes del Litoral (construcciones).
Como puede observarse, en la enumeración de las empresas se observa una relevante implantación en el Brasil y en otros países de América Latina. Cuestión esta que demuestra cómo una parte significativa de los recursos que este Grupo empresario apropió a expensas de la sociedad argentina y en base a los mecanismos descriptos, fueron fugados al exterior para alimentar sus posicionamientos productivos o financieros. Situación que además ratifica la estrategia de un grupo empresario que, lejos de tener un comportamiento que favorezca el desarrollo nacional, transforma al país en un mero espacio de apropiación de rentas.
Completando el desarrollo hasta aquí presentado corresponde señalar que el Grupo Macri se ha visto favorecido también durante el presente gobierno de Duhalde. Dos cuestiones merecen subrayarse:
Algunas empresas del grupo (Correo Argentino, Sideco y Socma) resultaron favorecidas por el proceso de pesificación y licuación de los pasivos privados con el sistema financiero local aplicado a comienzos de 2002. Algunas estimaciones indican que la transferencia de ingresos desde el conjunto de la sociedad argentina hacia estas tres compañías que integran el grupo fue del orden de los 200 millones de dólares.
En el marco del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las prestatarias privadas de servicios públicos, en abril de 2002 se sancionó la Resolución ME 64/02. La misma estableció que la renegociación de los contratos de Aeropuertos Argentina 2000 y de Correo Argentino la llevará adelante la Procuración del Tesoro de la Nación y no, tal como lo establecen la Ley 25.561, los Decretos 293/02 y 370/02 y la Resolución ME 20/02, la Comisión de Renegociación de Contratos.
Cabe recordar que el Decreto 293/02, reglamentario de la Ley de Emergencia, incluía entre las áreas en las que se renegociarían los contratos a las correspondientes al "sistema nacional de aeropuertos" y al "servicio postal". Esto es muy importante por cuanto se sustrajo de la órbita de la Comisión (en la que -si bien con numerosas limitaciones- los usuarios y consumidores tienen participación) y se excluye del proceso de renegociación, a dos de las privatizaciones más conflictivas: en ambos casos se registraron importantes incumplimientos en lo que respecta a las inversiones comprometidas contractualmente y en lo referido al pago al Estado de los respectivos cánones (las deudas empresarias por este concepto se ubican, en conjunto, en el orden de los 600 millones de pesos).
En otras palabras, sin mayores justificaciones al respecto, apenas tres meses después de sancionada la Ley de Emergencia, mediante una Resolución se determinó que los usuarios y consumidores quedarán al margen de dos renegociaciones contractuales que podrían dar lugar, tal como lo dispone la propia Ley de Emergencia, a la rescisión de los respectivos contratos.
II ) CONCLUSIÓN
Lo hasta aquí vertido resulta elocuente respecto a la ausencia de espíritu empresario alguno. Por lo menos, si éste se asocia a los criterios schumpeterianos que vinculan dicho espíritu con el esfuerzo innovador y la decisión de asumir riesgos. Estamos en presencia de un comportamiento cuyo éxito se logra eliminando todo tipo de riesgos, que dilapida recursos públicos y que privilegia la acumulación financiera, la fuga de capitales y la desincorporación de progreso técnico.
Dicho de otro modo, sus estrategias económicas se articulan (con funcionalidad prácticamente absoluta) con las políticas de las últimas dos décadas. No hay, por lo tanto, en sus propuestas nada de nuevo ni tampoco de eficiencia empresarial. Son los protagonistas de la decadencia argentina y en su intento de pretender apropiar (de manera absoluta ) el aparato de Estado, están reflejando su vocación de poner en cuestión la propia democracia.
Es más que obvio que la existencia de un Estado en capacidad de fijar reglas públicas (esto es que respondan al interés del conjunto), requiere de autonomía frente a los distintos actores sociales y, fundamentalmente, respecto a los más poderosos. Como dice una vieja definición acerca del significado del fascismo, éste representa el momento en el cual el poder económico pasa por encima de las instituciones.
No pretendemos exagerar, pero sin llegar a lo que la definición expuesta señala, el mundo de hoy es más que elocuente respecto a las restricciones que se le plantean a los procesos democráticos cuando se confunden y mezclan el sistema institucional y el poder económico. La crisis italiana en el marco del gobierno de Berlusconi es probablemente uno de los últimos ejemplos disponibles. No permitamos que este sea el futuro de la Ciudad de Buenos Aires.
(*) Secretario de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos