Una jueza habilitó la feria por la cuestionada Secundaria del Futuro

Una jueza habilitó la feria por la cuestionada Secundaria del Futuro

Es para convalidar la información pública que reclaman los alumnos, padres y docentes, en tres procesos judiciales.

Alumnos, padres y docentes de las escuelas rechazan la reforma

Por disposición de la jueza Andrea Danas, se hizo lugar al pedido de la asesora tutelar Norma Beatríz Sas y se habilitó la feria judicial para que el Ministerio Público Tutelar pueda acceder al expediente donde se tramita la implementación de la “Secundaria del Futuro”, que había impulsado el Gobierno de la Ciudad, como profundización de la Nueva Escuela Secundaria.

Se trata del expediente administrativo Nº 2017-29403851-DGEDS, el cual fue iniciado por la cartera educativa el pasado 18 de diciembre -a raíz del amparo iniciado por los asesores tutelares con fecha 26 de septiembre de 2017-, y a los fines de convalidar la información pública que reclaman los alumnos, padres y docentes, en tres procesos judiciales.

En ese sentido, la jueza fundamentó la habilitación de la feria judicial, con dictamen favorable del fiscal Damián Corti, en virtud de que el Poder Ejecutivo acompañó la copia del expediente administrativo recién el 29 de diciembre de 2017, y resulta necesario establecer los tópicos de información pública que aún se encuentran pendientes, y que motivarán -en la primera quincena de febrero- la segunda reunión de la mesa de trabajo ordenada cautelarmente por la Cámara de Apelaciones.

La copia del expediente administrativo ya fue retirada por el Ministerio Público Tutelar.

La jueza Andrea Danas

El pasado 27 de diciembre se realizó la primer Mesa de Trabajo, por disposición de la jueza de primera instancia Cecilia Molica Lourido, debido a que no se había llegado a un acuerdo entre las partes. La Sala II había resuelto la constitución de la Mesa de Trabajo con el objeto de que el Poder Ejecutivo porteño brinde la información sobre todo aquello que no se vio satisfecho en los punteos presentados en la Cámara de Apelaciones, por los asesores tutelares -que representan a los adolescentes-, y los defensores oficiales que patrocinan a los padres.

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