Como un ensayo general con público de lo que será, dentro de casi un año, el encuentro de presidentes del G20 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cumbre de la Organización Mundial de Comercio pasó por la capital de la Argentina con más pena que gloria. Al término de esta edición, afiebradas negociaciones de último momento intentaban redactar un documento con unos pocos puntos en común, para salir airosos de la cita.
La excanciller Susana Malcorra, máxima responsable de la conferencia, lo definió sin eufemismos: “El vaso no está medio vacío, está casi totalmente vacío”, confesó ante los delegados de los países miembros, en un llamado agónico hacia un acuerdo final.
La diplomática pidió con elocuencia un mayor compromiso de los Estados con la OMC y “mostrar la voluntad política necesaria para lograr los resultados y encauzar la labor en la buena dirección”. Fue el final turbulento de una semana turbulenta, con negociaciones empantanadas, debates frustrantes, polémicas internacionales, protestas aisladas y cenas de lujo, en el marco del operativo de seguridad más importante que recuerde la capital del país.
Veinticuatro horas antes, en la apertura de la cumbre, el presidente Mauricio Macri había augurado un escenario distinto: en el auditorio principal del Centro Cultural Kirchner, ante una audiencia de empresarios nacionales y extranjeros y delegados de otros países, habló de un “círculo virtuoso” que comenzaba con la eliminación de los “obstáculos” al libre comercio y llevaba a la apertura de fronteras.
“Vamos a mejorar las reglas del comercio internacional y asegurarnos de que fomenten el desarrollo sostenible y, sobre todo, que promuevan el bienestar de las personas, la paz y contribuyan a reducir la pobreza”, dijo el Presidente argentino.
En el medio, entre las dos expresiones, transcurrió lo que algunos asistentes con experiencia en estas citas calificaban como “la peor cumbre de la OMC en mucho tiempo”. El villano favorito fue el delegado de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, que por orden de Donald Trump se negó a firmar ningún documento que condenara el proteccionismo y el unilateralismo, dos de los ejes de la Organización.
Según establece el reglamento de la OMC, es necesario el consenso unánime de sus miembros para avanzar en acuerdos, y la negativa yanqui fue un obstáculo que el resto de los países no supo sortear. Lighthizer terminó regresando a Washington el martes por la noche, un día antes del cierre del encuentro.
Párrafo aparte merece la negativa del Gobierno argentino a recibir en el país a 63 acreditados por parte de la sociedad civil de diversos puntos del mundo y las deportaciones de un activista noruego y de una periodista ecuatoriano-británica, que expusieron innecesariamente a la Argentina al escrutinio de la comunidad internacional.
La decisión generó duros cuestionamientos, no solamente por la medida, de carácter inédito, sino por los motivos que alegó el Gobierno para tomar esa decisión: supuestos “llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales”, según un comunicado de Cancillería que luego fue desmentido por el Ministerio de Seguridad. Muchos de los acreditados, por intermediación de sus países, lograron ingresar, pero hubo muchos otros que no lo lograron.
El Gobierno argentino, sin embargo, quedó conforme con el resultado de la cumbre. Aunque las negociaciones no avanzaron, otras preocupaciones urgentes agobiaban a los funcionarios. Ante cada consulta por el balance de la semana, desde el Gobierno destacaban el rol que cumplieron como anfitriones de un encuentro de esta magnitud, que se desarrolló, según su percepción, “sin sobresaltos”.
Además, muchos de los ministros y secretarios clave de las áreas económicas estaban más atentos a lo que pasaba en el Congreso que a las negociaciones que tenían lugar en Puerto Madero. La prueba de fuego, de cara a la llegada de los diecinueve presidentes más poderosos del mundo a la Ciudad de Buenos Aires, el año que viene, estaba superada.
El imponente operativo de seguridad que militarizó el centro porteño en estos días fue también motivo de orgullo para sus responsables, ya que se pudo controlar, con pocas dificultades, las protestas que hubo contra la cumbre, varias veces menos numerosas que las fuerzas destacadas para evitar los posibles disturbios.
Durante la desconcentración, un grupo de efectivos reprimió a manifestantes en Corrientes y Callao y se llevaron a veinte detenidos. Aunque la mayoría de ellos fueron liberados en pocas horas, seis permanecieron bajo custodia hasta el día siguiente. Según testigos de los hechos, la reacción policial fue excesiva y no justificada.