La Legislatura aprobó en la sesión de este jueves una ley que autoriza al Poder Ejecutivo la Ciudad a contraer uno o más empréstitos públicos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto máximo de hasta 100 millones de dólares o su equivalente en pesos, por un plazo de amortización mínimo de un año.
El destino de las operaciones de crédito público será la ejecución del programa Integración Urbana e Inclusión Social y Educativa de la Ciudad, para la provisión de infraestructura social y desarrollo comunitario del Barrio 31, así como la mejora en la equidad educativa.
“Este programa se desarrolla en el contexto de las medidas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso llevar a cabo para la mejora en las condiciones de vida en las villas y barrios más vulnerables, mediante la participación comunitaria para la generación de las condiciones de habitabilidad que permitan el desarrollo de una vida digna, plena y con igualdad de oportunidades para todos sus habitantes”, explican los fundamentos de la iniciativa, que tuvo despacho de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.
“Con el objeto de promover los procesos de urbanización e integración social y urbana del Barrio 31, se prevé la ejecución de obras de infraestructura y equipamientos sociales de calidad, con destino a la construcción del Nuevo Polo de Educación, que albergará la nueva sede del Ministerio de Educación y escuelas de distintos niveles educativos; el desarrollo y mejora de los espacios públicos y la intervención en viviendas y comercios; entre otras acciones comprendidas en el mencionado programa”, agrega el proyecto.
El financiamiento propuesto se enmarca en la contratación de uno o más empréstitos públicos con el BID, a través de la modalidad denominada Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP). Se trata de un instrumento estándar del BID, el cual presenta como ventaja la mayor eficacia y rapidez en el proceso de preparación y aprobación de los proyectos, y esencialmente la reducción de costos del financiamiento.
La norma fue sancionada con 32 votos positivos del Pro y sus aliados de CP y CC-ARI; 11 negativos del FpV y el Sindical Peronista y monobloques de izquierda, y 13 abstenciones.