La Cámara del Crimen rechazó al Estado Nacional como querellante en la investigación por el incendio y posterior derrumbe del depósito de la empresa Iron Mountain el 5 de febrero pasado en el barrio porteño de Barracas, que causó la muerte de diez bomberos.
La Sala Sexta de la Cámara consideró que “no puede descartarse que el Estado, sea nacional o local sea demandado civilmente por el rol que le cupo en el hecho”.
El Estado Nacional, a través del Ministerio de Seguridad, había pedido ser querellante como consecuencia de “los daños materiales ocasionados en los elementos de trabajo del personal fallecido y en la inversión en capacitación y entrenamiento que se les dispensó”.
El fallo que rechazó al Estado como querellante fue firmado por los jueces Rodolfo Pociello y Ricardo Pinto, quienes sí aceptaron como querellante a la empresa TASA, que tenía almacenada documentación en el depósito incendiado y alegó haber sufrido un perjuicio en sus operaciones por la pérdida de esos elementos.
La Justicia penal ordinaria tiene a su cargo la investigación por el siniestro, en tanto que el juez federal Sergio Torres investiga a Iron Mountain por supuesto lavado de dinero.