Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques firmaron un dictamen en el que piden la indagatoria de Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, Lázaro y Martín Báez y otras 17 personas, al igual que la inhibición general de bienes en el marco de la causa Hotesur. En este expediente se investiga el lavado de dinero, en función del alquiler y administración del hotel Alto Calafate por el empresario Lázaro Báez.
Una vez más, la ex Presidenta podría ser indagada en una causa junto a Báez. Los fiscales que solicitan al juez Julián Ercolini que los llame a indagatoria, reiteran que, mientras el amigo y ex socio de la ex familia presidencial era el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz (52 contratos por $ 46.000 millones), paralelamente garantizaba a los ex presidentes y a sus hijos ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimiento hoteleros. Todo permitió a la entonces familia presidencial “aumentar notablemente su patrimonio”, argumentan los fiscales.
Como delito precedente del lavado consignan la defraudación al Estado Nacional, partiendo de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, y en la que Cristina Kirchner y Báez están procesados por asociación ilícita. Con “el amigo presidencial” y sus empresa beneficiadas con un flujo de fondos constante por los contratos viales durante el kirchnerismo, se produjo un perjuicio al erario público por tratarse de obras que en su mayoría no se concluyeron y que obtuvieron un sobreprecio promedio del 65%, agregarían.
La hipótesis que se investiga, es que parte de ese dinero llegó a manos de los ex presidentes y sus hijos “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba -según señalan los fiscales- poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen”.
El circuito planteado y por el cual se pide el llamado a indagatoria, inicia en la fortuna amasada por Báez (en 2003 antes de constituir Austral Construcciones tenía un patrimonio de $ 800 mil, en la actualidad el mismo supera los $ 2.547 millones), y que habría sido usada por la ex familia presidencial para la adquisición hoteles. También, para hacer mejoras en los mismos y después entregándole la administración y explotación nuevamente a Báez.
