“La AFIP aplica un método inquisitivo que no considera al ciudadano como tal. Lo trata solo como un ‘contribuyente’. Un término que ha pasado de ser técnico a peyorativo. Parece que para lo único que existe el ciudadano es para pagarle al fisco, y la realidad y el derecho distan mucho de eso”, dispara Marcelo Saleme Murad, abogado especializado en Derecho Tributario. “No puede ser que por una infracción que pueda ser normal, a un empresario se lo obligue, entre actualizaciones y multas, a entrar en cesación de pagos o, muchas veces, se le clausure la empresa sin el debido proceso; no puede ser que se lo castigue con multas que van hasta diez veces el valor del impuesto que puede estar en infracción y hasta se lo obligue a cerrar”, afirma a Noticias Urbanas desde la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde dirige el estudio que lleva su nombre. Al respecto, Saleme Murad, que además es profesor universitario y miembro activo del Comité de Abogados de Bancos de la República Argentina, recuerda que “el Estado debe estar en un plano de igualdad con el ciudadano ante la ley” y que “deben respetarse los derechos de los ciudadanos al debido proceso, el principio de inocencia y las garantías constitucionales”, cosa que, a su entender, muchas veces no sucede.
–Usted ha cuestionado el criterio que la AFIP utiliza a la hora encuadrar a una empresa como pyme. ¿Qué es lo que se debería corregir?
–Le menciono dos casos concretos que acarrean perjuicios. El primero tiene directamente que ver con lo que me pregunta: una empresa pyme quiere acceder al beneficio fiscal previsto por el Decreto 814/2001 del Poder Ejecutivo Nacional, que contiene rebajas a los aportes y contribuciones patronales. Pero la AFIP se niega a actualizar los montos de facturación, vigentes desde 2001, que sirven para determinar si una empresa es una pyme o no. El órgano de aplicación creado en 2001 para la calificación de las empresas según su facturación es la Secretaría de Emprendedores y Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme). Pero, a pesar de que la Sepyme haya dictado en 2016 una resolución actualizando los montos de facturación, la AFIP lo desconoce. Entonces, esa empresa que te nombraba, al no quedar encuadrada como pyme, no accede a los beneficios que le corresponderían, que en muchos casos son millones de pesos anuales en rebajas de contribuciones patronales. Y se trata de empresas que tienen un margen de ganancia muy fino, de un dígito. En cambio, para otros casos, la AFIP sí acata las medidas que dispone la Sepyme. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Con ese criterio de la AFIP, entonces, casi no existirían pymes, serían todas grandes empresas. Es como si para considerar monotributista a una persona estuviéramos aplicando los montos de facturación mensual de 2001. Un dislate. Paso a otro caso real con el que me topé, y solo para poner dos ejemplos de los miles que veo a diario: una pyme fue beneficiaria del bono fiscal previsto en el Decreto 379/2001 del PEN, que se inscribe en un régimen de promoción de fabricación nacional de bienes de capital. Ahora, después de varios años, la AFIP le hace una inspección y le determina una deuda tremenda porque dice que esos bonos están alcanzados por el impuesto a las ganancias y el contribuyente lo evadió. Pero esos eran bonos, justamente, de promoción fiscal, que, incluso, se usan para pagar deudas de ganancias. ¿Cómo le quieren cobrar el impuesto a las ganancias? Otro dislate. Y entonces le determinan capital, intereses, multas por varios millones de pesos, impagables para esta empresa, y hasta le pueden llegar a hacer una denuncia penal por la Ley Penal Tributaria. Un yerro gravísimo. En definitiva, con estas conductas se dejan en la nada los beneficios fiscales que el Gobierno pretende implementar para las empresas. Puedo exponer cientos de casos como estos.
–Además, las pymes no cuentan con los recursos de las grandes empresas para enfrentar este tipo de situaciones.
–Claro. Pero reitero que a las grandes empresas, igual que a las pymes, también se las trata de una forma autoritaria. Y esto es desde siempre, no es de ahora. Es muy viejo, pero se agravó contundentemente desde el kirchnerismo, que usaba a la AFIP como brazo armado para disciplinar a sectores que no le rendían pleitesía, o para vendettas personales de la expresidenta. En el caso de la gran empresa, esta tiene a mano un cuerpo de asesores, tiene más medios económicos, puede defenderse mejor de muchas arbitrariedades. Pero la pequeña empresa, normalmente, no cuenta con asesoramiento, salvo para presentar declaraciones juradas y pagar mensualmente lo que le corresponde. La pyme se ve afectada porque a pesar de que desde muchas leyes se dan beneficios impositivos, previsionales, de acceso al crédito, todo en forma teórica, cuando quiere obtener los beneficios se la recarga de trámites, de exigencias y de una serie de requisitos que terminan haciendo inaccesibles esos beneficios.
–¿Con respecto a años anteriores, el panorama de desarrollo de las empresas mejoró, empeoró o se mantiene igual?
–El panorama actual es muy complicado. En general, no hay noticias alentadoras. Hay sectores que están hundidos y no ven la salida. Es cierto que, finalmente, hemos salido de la brutal guerra que se llevó adelante en el kirchnerismo contra todo el aparato productivo privado. Con el campo, sin ir más lejos, Lousteau, con la 125, casi ocasiona una guerra civil. El establecimiento de restricciones a las exportaciones, el saqueo con las retenciones al campo y a otros sectores, como la minería, fueron actos verdaderamente vandálicos. A través del fisco, el Estado se comporta como el dueño de todas las ganancias, y al momento de asumir pérdidas no existe. Es muy amplio el tema. Lamento decir que hoy el panorama para las empresas no es distinto, salvo por una esperanza de mejoramiento de la economía y, por supuesto, por la existencia de un Gobierno serio que no se ha declarado enemigo del que produce. Eso ya es algo. Pero hay mucho por hacer. Demasiado. Podríamos hablar de leve mejoría en lo relativo a empresas que usan insumos importados. Eso fue un enorme alivio aunque ahora se pague el costo fiscal del déficit por importaciones; pero hay que tener presente que este “récord” de importaciones era esperable debido a que durante muchos años no se pudo importar nada y hay una enorme cantidad de empresas que necesitan insumos importados para producir. Yo he visto plantas industriales absolutamente paralizadas por falta de repuestos de sus maquinarias importadas. No podían seguir produciendo y el señor [Guillermo] Moreno autorizaba uno a uno a quienes pedían esos insumos, lo cual era no solo arbitrario, sino que terminó produciendo la inviabilidad de muchísimas empresas. Podemos decir que falta todo por hacer, aunque vemos que la intención de Macri está, y eso es ya un cambio grande, ya que salimos del sistema perverso en el que el empresario era el enemigo del pueblo.
–¿Qué incidencia tienen las pymes en el desarrollo económico del país?
–Las pymes representan el 99 por ciento de las empresas registradas y, según datos oficiales, otorga más del 60 por ciento de la mano de obra en blanco y podemos decir que más del 80 por ciento de los puestos de trabajo, considerando los que no están registrados. De allí la importancia capital. Es extenso el tema. Toda empresa tiende a crecer, si no, se muere. Por lo que la economía necesita de la empresa pequeña, mediana y grande en igual medida. Solo desarrollando el emprendedorismo y, sobre todo, alentando a las pymes a convertirse en grandes empresas podremos avanzar contra la pobreza y el atraso. Creo que se observa muy tímidamente un cambio cultural, y eso es fundamental.
–¿Puede destacar algunas políticas del Gobierno de Macri que hayan beneficiado a las pymes?
–Políticas concretas pueden verse, por ejemplo, en el aumento de los créditos para individuos –no para empresas– que han batido récords. Por ejemplo, en la construcción, en la compra de viviendas. Eso beneficia a las empresas de ese rubro. Se ha dicho que la construcción es “madre de industrias” porque de ella se derivan miles de actividades. Eso es innegable. Se observa un incremento muy grande en la construcción, y eso viene por el crédito. Una economía sin crédito se muere. Hay que profundizar el crédito para los empresarios privados, volver a poner en marcha la rueda de la producción. Falta urgentemente una política de créditos para el campo y para la industria; no solo para el individuo y el consumo. Otra cuestión muy beneficiosa que implementó el Gobierno es el Plan Belgrano. Eso es esencial para bajar el costo de flete para los empresarios del interior y acaba con el problema del costo del transporte por camión, sobre todo por los costos salariales y la falta total de infraestructura vial que tenemos. Ojalá se apuren en seguir desarrollando los ferrocarriles, esa puede ser la columna vertebral del desarrollo. También me parece muy bien la incorporación de nuevas aerolíneas y rutas aéreas. En un país con la extensión de la Argentina, esta infraestructura es fundamental para los negocios, no solo para el turismo. Hay tanto por hacer que no se le puede exigir al Gobierno que en dos años solucione el desastre de los últimos setenta al que nos llevaron el peronismo y el populismo. Hacen falta treinta años. Y hay que tener paciencia. La lucha contra la corrupción es beneficiosa no solo porque es una obligación moral, sino porque ayuda a que en el exterior nos vean con mejores ojos, y eso beneficia a quienes se fondean allí. Y, finalmente, puede atraer inversiones extranjeras. También es muy valioso el esfuerzo del presidente Macri por conquistar distintos auditorios de los países centrales. Traer la reunión del G-20, por ejemplo, es muy valioso a mediano y largo plazo, porque eso nos inserta nuevamente en el mundo, abre mercados. Y es el mundo el que nos compra. Si podemos exportar, toda la economía se beneficia. Pero falta una política fiscal activa, bajar urgente el “costo argentino”, que incluye al costo fiscal.
–¿Y en la Ciudad de Buenos Aires, cómo califica a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a este tema?
–Buenos Aires es un monstruo que concentra el 50 por ciento de la población del país, entre Provincia y Capital, y se lleva el mayor porcentaje de la obra pública. Creo que Rodríguez Larreta apuesta a la obra pública como movilizadora. Es una concepción keynesiana que no comparto, pero es algo. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un polo de desarrollo industrial y tecnológico, tiene un acceso al mundo que no posee el resto del país. El empresario porteño está en contacto con una realidad muy distinta a la del interior, tiene una mentalidad muy abierta y ágil y puede acceder a una serie de herramientas que en el interior no hay. Este es un país con cabeza de mamut y cuerpo de poni. Pero la política impositiva es mala en todo el país, para todos los empresarios de cualquier ciudad o región que sean. Lamentablemente, no hay beneficios impositivos sustanciales en Capital, tampoco los hay en el resto del país. Los gobernadores tampoco han sido abiertos a bajar la presión tributaria provincial. La presión impositiva es igual en todas partes; con el agravante de la cantidad de trámites, habilitaciones, inspecciones y demás parafernalia burocrática que debe cumplirse, incluso más en Capital que en el interior. Los gobiernos desde 1945 a 2015 se han especializado en matar a la producción, en matar a “la gallina de los huevos de oro”. Ahora hay que empezar de nuevo.