Especialistas en residuos y cuidado del medio ambiente volvieron a analizar, este martes, en la Legislatura porteña, el sistema de reciclado de basura seca de la Ciudad y destacaron como altamente positiva la labor que desarrollan los más de 5.000 cartoneros formalizados que actúan a través de cooperativas.
La tercera reunión de ese tipo fue organizada por la Comisión de Ambiente, que preside la legisladora María Inés Gorbea (Suma+) con el propósito de analizar la situación del servicio de recolección de residuos secos y del marco legal a través del cual se regula la actividad. Esto se está llevando a cabo en el mismo momento en que están por vencer los contratos suscriptos entre el Gobierno de la Ciudad y las cooperativas.
Las deliberaciones se realizaron en el Salón Presidente Perón, con la presencia del legislador Adrián Camps (PSA) y la participación de Gonzalo Roqué, de la Fundación AVINA; Pablo Schamber, antropólogo y etnógrafo de los cartoneros; Alejandra Reich, del Programa UBA Verde; Pablo Wisznienski, urbanista y uno de los redactores de la ley de Basura Cero; Francisco Suárez, autor de un estudio sobre actores sociales y gestión de residuos; Nadia Mazzeo, especialista en tecnologías para residuos sólidos urbanos del INTI; Martín Scaraville, estudioso del impacto ambiental en los Centros de Clasificación, y María Senmartin, directora de la Ciencias Ambientales de la UBA.
En un encuentro anterior, los legisladores de la Comisión de Ambiente se reunieron con representantes de las cooperativas de reciclado.
En la reunión de este martes, se plantearon diversas dificultades, problemas y fallas del sistema, pero a la vez se llegó a la conclusión de que es un mecanismo “único en el mundo”, si se tiene en cuenta la magnitud de la Ciudad, y los resultados logrados, ya que los recicladores recuperan alrededor del 20 por ciento de los residuos sólidos.
Entre los cuestionamientos se planteó “cierto debilitamiento del área que debe controlar el cumplimiento del servicio” y “los problemas que afrontan las cooperativas por falta de capital para invertir en infraestructura o logística”.
También se dijo que hay “falencias” y “fallas de funcionamiento” que deben ser analizadas para llegar a “propuestas superadoras”, pero hubo coincidencia en que el sistema es de gran utilidad y muy bajo costo, por lo que se rechaza cualquier eventual alternativa de concesionar o privatizar el servicio de reciclado de residuos secos.
“Debemos implementar una política pública porque el sistema, a pesar de sus falencias, es eficiente, es menos costoso que otras alternativas y es sustentable con inclusión social. Esta es la política pública de inclusión social más exitosa de la Ciudad, enfatizó el representante de la fundación AVINA, Gonzalo Roqué.
Además, se mencionó que en todas las grandes ciudades del mundo el tema de la basura es “un problema ambiental y presupuestario”, que consume entre el 20 y el 40 por ciento de las erogaciones de los grandes municipios.
Por eso, se acordó “maximizar el potencial de los recicladores”.