El hecho es muy grave, demasiado. Lo que pasó: luego de una nueva emisión del programa periodístico de investigación en la que se trataron las denuncias en contra del fiscal general del Superior Tribunal de Justicia y tres miembros del Tribunal de Cuentas, sorpresivamente el fiscal de Investigaciones Complejas -organismo a cargo del Ministerio Público de la Acusación- solicitó una nómina completa con “el nombre del personal que realiza el programa Jujuy Investiga”.
El fiscal también pidió detalles de la producción y edición, como así también los nombres de los conductores del programa que se emite los días miércoles a las 21 por Canal Siete.
“Debiendo remitir datos personales completos del personal mencionado, bajo apercibimiento”, comunicaron en un documento enviado a la empresa Radio Visión Jujuy.
Todo esto no puede pasar sin la venia o directamente la orden del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. En Jujuy están convencidos de eso.
El programa solo se dedicó a analizar una denuncia pública.
Lo más cuestionable del pedido del fiscal y del Ministerio Público de la Acusación, es la actitud coactiva y alarmante de cercenar la libertad de prensa, intentando imponer censura expresamente prohibida por la Constitución Nacional.
El hecho provocó una fuerte condena en los propios integrantes de la Justicia, como fiscales y procuradores, que salieron en respaldo del medio de comunicación a través de una carta pública.