El abogado Leonardo Martínez Herrero es quien inició proceso judicial contra la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, y también la complicó aun más a través de la ampliación de su denuncia, cuya responsabilidad de investigación recayó sobre el juez Ariel Lijo. Éste había confirmado que existe la posibilidad de que los 50 mil dólares y los 245 mil pesos que le fueron robados a Michetti podrían ser de origen ilegal.
Si bien Michetti ya explicó a través de su cuenta en la red social Facebook, el origen del dinero, pero el abogado Leonardo Martínez Herrero acudió en una nueva oportunidad a la Justicia para solicitar que se profundice la investigación ante la eventual falta de consistencia de esas explicaciones: “La Fundación Suma no tiene empleados, no presentó balances, ni está inscripta como empleadora“, disparó.
La vicepresidente adujo que el dinero era una “donación” para una fundación que preside, otra parte era un préstamo de su pareja, el empresario Juan Martín Tonelli Banfi, y para gastos corrientes para una refacción.
Ahora el fiscal Marijuán formuló el “requerimiento de instrucción” para abrir la investigación “por la posible comisión de un delito de acción pública, sin perjuicio de la calificación que en definitiva corresponda” sobre el origen de los fondos que fueron robados de la casa a la vicepresidente el 22 de noviembre de 2015 y de las donaciones recibidas por la fundación SUMA.