Espionaje en la Provincia y el rol de Vidal: citan a declarar a Arribas y a Majdalani

Espionaje en la Provincia y el rol de Vidal: citan a declarar a Arribas y a Majdalani

El juez Ramos Pandilla también les impuso una caución real de 20 millones de pesos y ordenó la entrega de sus pasaportes. El vínculo con Vidal.


Cuando fueron al Congreso en el 2018, los por entonces jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le echaron la culpa a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por las tareas de espionaje que la AFI hizo en la Provincia y que todo fue a pedido suyo. Así lo recordaron los legisladores del peronismo cuando les preguntaron sobre las tareas de inteligencia del organismo en el territorio bonaerense. Ahora se espera que digan lo mismo y de esa manera complicarían a Vidal en el espionaje ilegal. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria a los extitulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por supuestas maniobras de espionaje político ilegal en la provincia de Buenos Aires.

El magistrado los convocó en el marco de una investigación a partir de la que se detectó una red de espías que operó de manera ilegal en el territorio bonaerense bajo el paraguas del «Proyecto AMBA» de la AFI para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas.

El juez destacó que las 6 bases AMBA instaladas en la provincia de Buenos Aires no funcionaron para aquello para lo que fueron promovidas: «Si bien para el discurso público se crearon para investigar delitos federales complejos como el narcotráfico o la trata de personas, como veremos, en la práctica se utilizaron casi exclusivamente para realizar espionaje interno de tipo político».

Además, Ramos Padilla convocó a indagatoria para octubre a otros imputados en esta parte del caso el expolicía bonaerense Daniel Salcedo, amplió el procesamiento al también excomisario bonaerense Ricardo Bogoliuk por «realización de acciones de inteligencia prohibidas» y procesó sin prisión preventiva al exespía Pablo Pinamonti, quien estuvo a cargo del proyecto AMBA.

A Pinamonti lo acusó de la «realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautor, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias»,

La acusación también apunta a «haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de autor».

De la investigación judicial surge que, por ejemplo, en los informes de inteligencia elaborados por la Delegación Provincial Ezeiza -que estaba bajo las órdenes de Bogoliuk- «prestaron un puntual interés en las actividades políticas, sociales, partidarias y gremiales desarrolladas por las organizaciones y como así también por los referentes y/o militantes con presencia territorial en el ámbito de actuación de los partidos de Ezeiza y Esteban Echeverría».

Se encontraron informes de inteligencia con relación a las organizaciones sociales o políticas identificadas como CTD Aníbal Verón, Quebracho, Corriente Patria para Todos, Movimiento Popular Antiimperialista, Resistiendo con Aguante, Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie, Comisión Provincial por la Memoria, Miles, La Cámpora, Corriente Javier Barrionuevo y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras.

Otro de los objetivos recurrentes mencionados en los documentos de inteligencia detectados por la justicia «se vinculaba con el monitoreo de las actividades de campaña electoral de los partidos políticos opositores, en los diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires, con miras a las elecciones desarrolladas en el año 2017», según resaltó el juez Ramos Padilla.

«Se pudo observar que las actividades de inteligencia desplegadas por las bases dependientes de Pablo Pinamonti, se enfocaron en obtener información personal de los ciudadanos que convocaban a actividades proselitistas, la identidad de las personas que asistían a dichos eventos, los vehículos en los que se trasladaban y los perfiles de redes sociales desde los que se convocaban a estas actividades o actos políticos», detalló Ramos Padilla.

Como parte del seguimiento dado a las actividades de la campaña electoral desde estas delegaciones provinciales, «se observa un documento de la Base Ezeiza de fecha 23 de septiembre de 2017, en el que se realiza un análisis sobre el acto llevado encabezado ese mismo día por la entonces candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner en la localidad de Canning», escribió Ramos Padilla.

Los informes sobre los actos encabezados por Fernández de Kirchner fueron elaborados «con la clara finalidad de exponer su contenido político y no para alertar acerca de posibles riesgos para la seguridad pública que, en cualquier caso, deberían ser alertas anticipatorias de los eventos para prevenir aquellos riesgos, pero nunca con posterioridad a que sucedan».

 

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