Un hecho histórico empezó a desatarse en el país a comienzos de este año, aunque recién se conoció la semana pasada, cuando la Justicia federal ordenó detener a una serie de empresarios y funcionarios acusados de participar en un sistema de coimas en las contrataciones del Estado para hacer obra pública.
Es temprano para medir las consecuencias, pero se espera que las ramificaciones de la investigación se expandan a
niveles sin precedentes. Esta vez, el escándalo no alcanza solo a funcionarios e incluso expresidentes, como en otros
casos, sino también a los empresarios más importantes del país. La gran pregunta es si la causa, en manos del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, que toca intereses políticos y económicos a gran escala, avanzará o si será otro caso que quedará en el olvido.
En enero, el periodista Diego Cabot, de La Nación, recibió de manos del exremisero Julio Bacigalupo, una caja con ocho cuadernos que contenían las anotaciones con las actividades de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta cuando se desempeñaba como secretario de Coordinación del entonces ministro de Planificación, Julio de Vido. En los cuadernos, día por día, durante diez años de gobierno kirchnerista, Centeno relató en detalle cómo Baratta recogía el dinero que le otorgaban empresarios –en especial de constructoras– y los derivaba a la casa de Cristina Kirchner o a Olivos.
La investigación, de múltiples ribetes y giros casi cinematográficos que incluyen bolsos –comprados en Once– con millones de dólares dentro, se conoce ocho meses después de que los cuadernos de Centeno cayeran en las manos de Cabot. El periodista se tomó tres meses para constatar que los datos que figuraban en esos cuadernos eran reales. Luego se los entregó a la Justicia para que los analizara, utilizara los recursos a su disposición para contrastar los escritos con documentación oficial y eventualmente abriera una causa. El caso quedó en manos del fiscal Carlos Stornelli y recayó en el juzgado federal de Bonadio. Y el miércoles de la semana pasada, el juez ordenó las detenciones simultáneas de 16 hombres, entre los que se cuentan exfuncionarios del Ministerio de Planificación durante el kirchnerismo y directores de importantes empresas contratistas del Estado.
El fiscal investiga una supuesta asociación ilícita para cobrar coimas a empresas a cambio de contratos para obtener licitaciones de obra pública, y en la causa quedó involucrada la expresidenta Cristina Kirchner por su presunto rol de impulsora en el sistema de recaudación.
Quienes ya declararon ante la Justicia recalcaron que los aportes de millones de dólares de manera ilegal eran, al menos en parte, para financiar la campaña política.
El primer “arrepentido” fue Juan Carlos de Goycoechea, ex-CEO de la constructora Isolux, y en la causa aparecen
empresas de la talla de gigantes como el Grupo Techint, cuyo exdirectivo Héctor Zabala también declaró ante el juez
y quedó en libertad a cambio de colaborar con el caso. El lunes siguiente a las detenciones se presentaron espontáneamente ante Bonadio el exdueño de la constructora Iecsa, Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri), y su empleado Javier Sánchez Caballero. Todos confesaron que habían realizado los pagos bajo presión de Baratta para financiar campañas electorales del kirchnerismo.
Fueron aceptados como imputados colaboradores por el juez y siguieron en libertad bajo el régimen de arrepentidos. En los últimos días se sumaron otros dueños y exdueños de compañías, que actuaron con la misma dinámica y fueron aceptados por el juez como colaboradores.
Se espera que los empresarios, en calidad de arrepentidos, colaboren con la Justicia a cambio de su libertad. En
los últimos días no solo desfilaron por los tribunales de Comodoro Py empresarios, sino también exfuncionarios y
operadores judiciales. Incluso fue llamado a declarar el polémico exjuez federal Norberto Oyarbide, mencionado en uno de los cuadernos. Su estrategia ante su excolega fue similar a la de los empresarios: alegó haber recibido presiones de parte del poder político para colaborar con las causas que involucraban a los suyos.
Ahora que ya empezaron a confesar algunos de los empresarios más relevantes del país, la gran duda es si los
exfuncionarios de Néstor y Cristina Kirchner superarán el sistema de lealtades políticas que caracteriza al kirchnerismo y se quebrarán. Por lo pronto, hubo una señal. El exsubsecretario de Obras Públicas, Germán Nivello –segundo de José López, preso por enriquecimiento ilícito– admitió la entrega de dinero en calidad de coimas.
Mientras tanto, el Senado debatía si permitir o no el pedido de allanamiento en las casas de la senadora Cristina Kirchner, que tiene fueros parlamentarios. Desde la difusión de la investigación, la oposición kirchnerista
y algunos sectores del peronismo cuestionaron la veracidad de los cuadernos –que fueron quemados por el propio Centeno luego de conocer que habían sido leídos por terceros–. Pero ante las pruebas reunidas por la Justicia,
distintos empresarios y funcionarios demostraron, al confesar en contra de sus propios intereses haber cometido
actos ilegales, que lo escrito ocurrió. Sin lugar a dudas, las compañías pagaron coimas al Gobierno para obtener millonarios contratos para hacer obra pública.
Resta saber qué ocurrirá con los responsables políticos y empresariales. En los últimos años, el rol del Poder Judicial quedó en la mira. Varios jueces están en jaque por irregularidades en su enriquecimiento y un informe reciente indica que solo el dos por ciento de los acusados por corrupción son condenados. ¿La Justicia irá a fondo esta vez, sea cual sea el rol que ocupen los imputados en el caso de “los cuadernos de las coimas”, o la causa quedará en el olvido, sin condenas firmes? El tiempo y la Justicia lo dirán.