El viernes último, los delegados de los habitantes del edificio que se conoce como “El Elefante Blanco”, ubicado en Villa Oculta, barrio de Mataderos, anunciaron que el lunes ocho de agosto se movilizarán al Juzgado N° 4 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, cuya titular Elena Liberatori de Aramburu, los convocó, junto con funcionarios gubernamentales, a una audiencia para ser informada sobre las medidas que tomará el Gobierno para volver habitable el lugar.
La medida de la jueza se originó en la presentación que realizaron a fines de 2013 los habitantes del edificio, que denunciaron que están viviendo en peligrosas condiciones sanitarias. Casi todos los chicos que viven en el lugar padecen de trastornos gástricos y respiratorios, provocados por la acumulación de basura en dos de los subsuelos de la construcción.
Dos de los delegados, Gustavo Serra y Andrea Penayo, relataron que “el amparo lo presentamos a fines de 2013 y después la jueza Liberatori dictó la cautelar. Ella le exigió al Gobierno que comience las tareas para mejorar nuestras condiciones de vida. Tienen que desratizar, fumigar y limpiar el basural. Además, hay huecos que son muy peligrosos, en especial para los chicos”.
Pero no sólo las condiciones de vida en el edificio son precarias. Tampoco los servicios públicos que reciben los pobladores del Elefante son iguales a los del resto de la ciudad. “Tenemos un problema con la recolección de basura, que es muy limitado. Los contenedores en los que la tenemos que depositar están a una cuadra, lo que nos dificulta mucho llevarlos”.
Serra se queja de en general “no hay respuestas. Nosotros sólo pedimos que, aunque sea, nos ayuden con la limpieza, porque sufrimos mucho por la presencia de ratas y por la humedad interna. Generalmente, la única respuesta que nos dan los funcionarios es ofrecernos plata para que nos vayamos. Nos dicen: te doy dinero para que te compres una casa y te vas. Igual, lo que nos ofrecen no alcanza, porque su límite es de 80 mil pesos, pero una casa en la villa vale 200 mil, además tenés que mudarte y alquilar algo hasta que eso ocurra. No es una solución”.
Cansados de la diaria manipulación a la que se ven sometidos, los pobladores del Elefante pidieron asesoramiento a la Defensoría General, que los está asesorando legalmente, además de haber realizado un relevamiento poblacional en junio último.
Serra declaró que “los del Gobierno se burlan de nosotros y nos ignoran, incluso tapan lo que hacemos y tratan de desprestigiarnos acusándonos de que robamos. Inclusive, cuando hay decisiones judiciales, como ahora, no hacen las cosas de buena gana. En mayo, dos días antes de que la jueza viniera a hacer una inspección ocular, pintaron un poquito e hicieron la limpieza del tanque de agua. En este momento hay sólo una máquina trabajando afuera del edificio, que empezó la tarea el 19 de agosto. Por eso no les creemos nada, porque nos van a mentir de nuevo”.
“Aquí, agrega Serra, todos trabajamos, no hay gente que roba. Algunos, como yo, vivieron siempre aquí, pero lo mismo seguimos ocultos. Por eso, no queremos que nos traten como negros, que es lo que ellos dicen que somos”.
Por último, cabe recordar que los actuales habitantes del Elefante Blanco sufren la continuidad de la historia del propio edificio, que representa en sí mismo el paradigma del odio oligárquico contra el gobierno peronista derrocado el 16 de septiembre de 1955. Perón planeaba instalar allí el Hospital de Niños, pero tras el la llegada de la Revolución Libertadora, el Elefante Blanco y el Albergue Warnes –que eran construcciones mellizas, para el mismo fin- fueron abandonados, en un inútil intento de borrar su memoria.