“La obsesión de Mauricio Macri es reducir el gasto público”, sintetiza un funcionario, en diálogo con Noticias Urbanas, cuando es consultado por el plan gubernamental de achicar entre un 15 y un 20 por ciento los cargos políticos en la administración pública, alcanzando a un máximo de 600 funcionarios que ingresaron durante la administración de Cambiemos en la Rosada desde hace dos años.
Los encargados de llevar adelante el plan aprobado por Macri son el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y la Jefatura de Gabinete, en particular el vicejefe, Mario Quintana, quienes en las últimas dos semanas tuvieron reuniones con todos los ministerios para plantearles los números y los tiempos que requirió el Presidente.
En estos días tienen que comenzar a llegar las contrapropuestas a la oficina, que finalmente serán aprobadas o rechazadas por Quintana, a quienes todos señalan como el impulsor de la medida, y a quien Noticias Urbanas intentó contactar a través de sus colaboradores, que dilataron días y semanas cualquier tipo de respuesta.
Según cuentan en el Gobierno, los ministros ya se pusieron a trabajar sobre el armado de las listas, algunos más comprometidos que otros, para dejarlas efectivas en los primeros días de 2018, según confirmaron en Casa Rosada, donde puertas para adentro señalan una y otra vez que esto solo impactará sobre los “propios” y que no se tocará al personal de planta permanente o contratado.
“Lo de la ola de despidos, como escribieron algunos periodistas, es pura sanata. Lo que hay es un pedido de ahorro de cargos políticos en cada ministerio, con bastante margen para que cumplan, pero de ninguna manera se va tocar a personal contratado o de planta permanente”, dijeron a NU.
Otro funcionario de peso que respalda fuertemente la medida es el ministro Rogelio Frigerio, que entiende que la Nación debe dar un mensaje de austeridad ante las provincias, a las que les está pidiendo que “achiquen el gasto público” porque “hay muchas que viven del empleo público y era necesario dar un mensaje como este”, dicen.
Cerca de su despacho, recuerdan además que cuando Daniel Chain dejó su cargo de secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, hasta hoy vacante, Frigerio ya planteaba la necesidad de disminuir el número de cargos políticos: “Rogelio está totalmente de acuerdo con la reestructuración y con buscar ahorrar en gastos políticos y ser más eficaz”, aseguraron a este medio fuentes gubernamentales.
En la misma sintonía, la gobernadora más importante de Cambiemos y una de las dirigentes que está hoy consolidada en la mesa chica presidencial, María Eugenia Vidal, anunció la purga tras el triunfo oficialista en las legislativas y hace una semana adelantó la eliminación de 221 cargos políticos.
“Vamos a ahorrar en cada mango que nos toque administrar. Tenemos que hacer algo de verdad distinto, seguir desafiando al sistema que gobernó los últimos treinta años en la Provincia, seguir haciendo lo que no se espera que hagamos. Si nosotros defraudamos, no va a ser un fracaso de Cambiemos: va a ser un fracaso de la política”, sostuvo.
El Gobierno dice tener bien clara la diferencia entre “cargos políticos” y la “carrera pública”. Justo el martes pasado, el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, tuvo que responder por la polémica designación de la hermana del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en el directorio del Banco de la Nación. Argumentó que el nombramiento de Mariana Triaca, por resolución del presidente de la entidad bancaria Javier González Fraga, “no era lo mismo” que cumplir funciones en la carrera pública, hoy abierta a “concursos” impulsados por la Presidencia de la Nación, y que en el nombramiento se habían tenido en cuenta “la capacitación y los méritos” de la postulante a ocupar ese cargo político. En la misma respuesta, también apeló al trabajo que lleva adelante el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, al señalar que desde la llegada de Cambiemos al Poder Ejecutivo se han impulsado concursos y capacitaciones para generar “una carrera pública que antes no había, porque es lo que corresponde y lo que no se hacía desde hace mucho tiempo”. Además subrayó que el plan incluye promover esas condiciones tanto a niveles provinciales como municipales.
Eso quedará reflejado en el proyecto de Ley de Modernización que el Poder Ejecutivo tiene intenciones de promover en el debate parlamentario en los próximos meses. En abril, el presidente Macri presentó en el Salón Blanco el “Compromiso Federal para la Modernización del Estado” que consta de cinco puntos, uno de ellos es el de la “jerarquización del empleo público”.
Los otros ejes son el de “desburocratizar el Estado, simplificando y agilizando los trámites; transparentar la gestión y fomentar la innovación para brindar información pública y asegurar la participación ciudadana; fortalecer la gestión por resultados y la calidad de los servicios y políticas públicas, e incorporar infraestructura tecnológica”.
“En 2018 se viene la discusión de la Ley de Modernización. Ese compromiso está, aunque todavía se está avanzando en el borrador”, señalaron fuentes gubernamentales.
Pese al discurso oficial, en algunas dependencias del Estado ha habido despidos. Entre esos lugares está la Casa de Gobierno, donde la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Fernando de Andreis resolvió el despido de 28 trabajadores administrativos, entre ellos mozos y personal de cocina, aunque algunos casos serían revisados durante esta semana.
En otras áreas, por ejemplo, que están bajo la órbita del titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, empezaron a ofrecer retiros voluntarios. Incluso el “pacto fiscal” celebrado por el Gobierno nacional, tras el “histórico acuerdo” con los gobernadores, incluyó en uno de sus puntos el compromiso estatal de otorgar líneas de créditos para financiar retiros y jubilaciones anticipadas de empleados del sector público provincial y municipal.