No es la primera vez que el gobierno de la Ciudad hace frente a los problemas que no puede resolver con desalojos. En otros momentos, varios edificios de la Ciudad sufrieron y sufren amenazas de ser desalojados. Un ejemplo es un edificio de Boedo que el gobierno intentó desalojar. La resistencia de los vecinos, que hacía 30 años vivían ahí, posibilitó que se lograra un compromiso con el Instituto de la Vivienda porteño para otorgarles créditos para que puedan adquirir otro inmueble donde residir.
El legislador José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FpV, acompañó a las familias del edificio de Pichincha 191, en el barrio de Balvanera, que el gobierno porteño quiere desalojar. “La fiscal Claudia Barcia pretende desalojar a familias que están viviendo en ese inmueble hace 14 años con el argumento de que no hay condiciones de habitabilidad, sin ofrecer otra solución”, detalló el legislador.
“Muchos de los habitantes del edificio sospechan que el verdadero motivo del desalojo es que, como el gobierno de la Ciudad pretende construir la sede de la Comuna 3 donde actualmente funciona el Shopping Spinetto (frente al edificio), inicia una ‘campaña de erradicación’ de las familias del complejo”, sostuvo Campagnoli.
“Nos parece grave que frente al problema de vivienda la respuesta del gobierno de la Ciudad sea el desalojo”, expresó el diputado kirchnerista. Y relató que junto a la legisladora Paula Penacca le solicitaron al juez Norberto Tavonaska, titular del juzgado 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas y a las autoridades del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “que eviten un desalojo violento”.
Las 6 familias que habitan esa parte del edificio –entre las que hay 15 chicos y chicas, 2 de ellos discapacitados-, reclaman una alternativa habitacional viable para reubicarse.
En este sentido, agregó: “Nos preocupa que estas personas puedan quedar a la intemperie. Dejarlos en la calle no es la solución”.