El primer día de agosto, los 100 inspectores de la Subsecretaría de Trabajo fueron transferidos a la Agencia Gubernamental de Control (AGC), para que sigan desarrollando sus tareas en esa dependencia, mediante la sanción del Decreto N° 272. El problema es que, a veces, los vericuetos de la administración pública obligan a que una simple transferencia de empleados como esta sea acompañada por algunos trámites un poco más complejos que un sencillo cambio de sede. Existen leyes, normativas, decretos, resoluciones y hasta ordenanzas que reglan el funcionamiento de las reparticiones del Estado y que deben ser modificados para ordenar un acto administrativo, porque el Estado no es un ente privado, sino una institución sujeta a las normas del derecho público.
En el año 2007, el Gobierno porteño creó la Agencia Gubernamental de Control mediante la Ley N° 2.624, por medio de la cual el nuevo organismo fue dotado de funciones, misiones, estructura administrativa, competencias y atribuciones, entre otras herramientas.
En su artículo tercero, la ley le adjudicó a la Agencia su competencia en el control de la seguridad, salubridad e higiene alimentaria; en la fiscalización de habilitaciones y permisos, y en la inspección de las obras civiles que se rigen por el Código de la Edificación.
Esta ley no autorizó a la Agencia a inspeccionar el cumplimiento de las normas de trabajo, la salud, la higiene y seguridad laboral, la seguridad social ni el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, como sí lo había hecho con la Subsecretaría de Trabajo.
Esto quiere decir, en buen castellano, que la dichosa transferencia de inspectores desde la calle Bartolomé Mitre a la calle Juan Domingo Perón debió haber sido acompañada por otros actos administrativos, entre los cuales, como mínimo, debería contarse la modificación de la ya mencionada Ley 2.624, la reforma de la Ley 4.013, de Ministerios, y la Ley 265, sancionada en octubre de 1999, que les otorgó competencia a las autoridades de Trabajo, entre ellas a la Policía del Trabajo.
“Hay zona liberada”
Edgardo Castro, inspector de la Subsecretaría de Trabajo y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), denunció ante Noticias Urbanas que “desde el 1 de agosto no existe más la policía del trabajo, porque la AGC no puede inspeccionar los temas que son de competencia exclusiva de la Subsecretaría de Trabajo”.
Castro denunció además que ya desde antes existía en el área de Trabajo “mucho maltrato y presión psicológica que generaron mucho miedo entre los inspectores contratados. Por eso, entre las 137 personas que fueron trasladadas a la AGC hay tres delegados de ATE”.
“La razón por la que nos sacan del área de Trabajo es para poder manejar las cajas, porque nuestras inspecciones molestan. Nuestras tareas no se superponen con las de los inspectores de la AGC, esa es la mentira del Decreto 272”, se indignaba el sindicalista.
Castro prosiguió diciendo: “Algunos funcionarios nos reconocieron extraoficialmente que se equivocaron con haber decidido el traslado de los inspectores y que deberían haber modificado la ley para eso, pero como eso no es suficiente, quizás la cadena de errores continúe”.
El inspector calificó con duras palabras la situación de desencuadramiento que están viviendo él y sus compañeros. Habla de “vía libre”, “carta blanca” y “zona liberada”, refiriéndose a “la inexistencia de la Dirección General de Protección del Trabajo. De esta manera, existen tres rubros muy importantes en los que no se está trabajando correctamente, entre otros: el trabajo infantil, el trabajo esclavo y el trabajo en las obras de construcción, en las cuales ya hubo cuatro derrumbes en un mes y medio”.
Para fundamentar su denuncia, Castro informó que el subsecretario de Trabajo manda sobre “una fuerza de tareas. Enviaron a un técnico, que solo puede ser un auxiliar porque no es un profesional, para que aprobara las nuevas estaciones de subterráneo y lo hizo, pero luego se le pidieron las actas y estas no aparecen por ningún lado. Luego, el mismo inspector fue enviado otra vez allí y se encontró con los sindicalistas del subte. Tampoco aparece el acta. Luego, cuando descarriló una formación, volvió a ir el mismo inspector y tampoco apareció todavía el acta”.
Solidaridad legislativa
La Junta Interna del sindicato ATE de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad y los diputados de la oposición rechazaron el “desmantelamiento del Cuerpo de Inspección del Trabajo decretado por el gobierno macrista” en una conferencia de prensa realizada el martes último en la Legislatura. Estuvieron presentes los inspectores Edgardo Castro y Hugo Reiner (Junta Interna ATE), los legisladores Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda), Fabio Basteiro y Laura García Tuñón (Buenos Aires para Todos) y los dirigentes gremiales Sergio García (CTA Capital) y José Luis Matassa (ATE Capital), además de delegados de ATE de otras reparticiones porteñas.
En ese marco, el delegado general Edgardo Castro informó que su gremio presentó varios amparos, por lo que expresó que “al traspasar la inspección laboral a la Agencia Gubernamental de Control, el Gobierno porteño pasó por encima de dos leyes locales, de las constituciones nacional y de la Ciudad y del Convenio 81 de la OIT”.
Por otra parte, el legislador Bodart, que días atrás presentó una denuncia penal contra los titulares de la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) –Ezequiel Sabor y Juan José Gómez Centurión, respectivamente–, agregó que “esta medida ilegal del macrismo boicotea los controles públicos en una Ciudad donde tenemos trabajo en negro, inseguridad en el subte, accidentes en las obras, talleres clandestinos y trata de personas”.
“Vengo tratando de descifrar por qué nos quieren dejar sin inspectores en la Ciudad”, manifestó Bodart en el diálogo con los periodistas.
En tanto, el diputado Basteiro respaldó el reclamo de los inspectores de Trabajo e informó que la diputada Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) presentó un proyecto para solicitar la presencia de Sabor en la Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada García Tuñón.
Ezequiel Sabor: “Bodart es un denunciante crónico”
El subsecretario de Trabajo se muestra locuaz y contento por la resolución gubernamental. “Se tomó la decisión de efectivizar las inspecciones sin que exista ya más una superposición con la tarea de la Agencia Gubernamental de Control”, le expresó a este cronista, argumentando en la línea que ya habían anticipado los sindicalistas.
“Trabajar en conjunto nos va a dar una mayor posibilidad de inspeccionar. La AGC va a realizar los controles, es decir hará la tarea, pero Trabajo va a dar las órdenes. Luego los inspectores nos van a enviar las actas y nosotros vamos a sancionar, porque el poder de policía quedó en nuestras manos, por eso es que no tenemos que modificar ninguna ley. Esta decisión va a intensificar las inspecciones”, se defiende el funcionario.
“La resolución de centralizar los inspectores en la AGC incluyó también a los inspectores de la Agencia de Protección Ambiental”, amplió Sabor.
Cuando el cronista vuelve a inquirir sobre la legalidad de efectuar un traspaso mediante un decreto, sin que medie la modificación de las leyes pertinentes, el funcionario vuelve a escudarse argumentando: “No cedemos el poder de policía, por lo tanto el acto es legal”.
El tono amable del funcionario cedió momentáneamente cuando apareció el nombre de Bodart. “Es un denunciante crónico, que siga participando, así la próxima vez por ahí llega en la próxima elección”, disparó, armado con las municiones de la sorna.
El cronista, que vuelve a interrogar al funcionario sobre los actos administrativos que rodearon al traslado de los inspectores, teme parecer impertinente, pero insiste sobre los pasos administrativos. Y Sabor, que tiene apellido de ritmo centroamericano, también insistirá diciendo: “Nosotros damos la orden a la AGC y estos hacen el trabajo. Por esa razón les transferimos también dos camionetas y un montón de computadoras, además de los 100 inspectores y 37 empleados”.
Y no parece molesto por la importante quita que termina de sufrir.
Alejandro Bodart: “Lo que están haciendo es una barbaridad”
Días atrás, el legislador Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) presentó una denuncia penal contra los titulares de la Subsecretaría de Trabajo, Ezequiel Sabor, y de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.
“Hicimos la denuncia bajo la figura del amicus curiae, para apoyar a los trabajadores, porque lo que están haciendo las autoridades es una barbaridad. Esto les permite hacer lo que quieren, porque nunca pudieron hacer funcional a sus objetivos al cuerpo de inspectores”, manifestó el diputado Bodart a Noticias Urbanas.
“En lo que hace al control, el gobierno de Mauricio Macri mantiene el circuito de la corrupción para que las empresas hagan lo que quieran. Por esta razón, la Ciudad está totalmente desprotegida. Por ejemplo, no existe un cuerpo que investigue las instalaciones de gas y a los inspectores que hay los anula, aun violando la ley, porque debería haber cambiado la Ley de Ministerios para hacer lo que hizo”, expresó el legislador de izquierda.
Por otra parte, Bodart se extrañó de que “ahora existe una Subsecretaría de Trabajo sin un solo inspector, sin capacidad de controlar. En un debate legislativo, las autoridades no podrían poner sobre la mesa ni un solo argumento valedero”.
La denuncia que presentó el legislador del MST fue por abuso de autoridad, estrago doloso (por los derrumbes) y daño eventual.
Este jueves, cuando Noticias Urbanas llegue a las calles, habrá una movilización por este tema a la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en Bartolomé Mitre 575, convocada por ATE y la CTA y por los legisladores Bodart, Delia Bisutti, Fabio Basteiro y Pablo Bergel, entre otros.