Con la firma del acta de traspaso de la red de subterráneos y premetro, con la correspondiente "transferencia de la fiscalización, el control y la potestad tarifaria del servicio", este martes -primer día hábil de enero- comienza el proceso de asunción por parte de la Ciudad de Buenos Aires de la responsabilidad de administrar el subterráneo.
El Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmarán esta tarde el traspaso formal de los subtes a jurisdicción metropolitana, en un acto en cual estarán presentes, entre otros, el vicepresidente Amado Boudou y el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
Según informaron fuentes oficiales a Télam, el acto se hará a las 15 en el Salón Scalabrini Ortiz del Ministerio de Economía, y por el Gobierno Nacional también asistirán el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
En representación del Gobierno porteño, en tanto, estará, además de Macri, el titular de Hacienda, Néstor Grindetti, entre otros funcionarios. A las 15.30, los funcionarios del gobierno nacional brindarán una conferencia de prensa para referirse al traspaso del servicio a la administración macrista.
Según informó la Secretaría de Transporte de la Nación, el traspaso implica "la transferencia a la Ciudad de la totalidad de la red de subterráneos y premetro, la fiscalización, el control y la potestad tarifaria del servicio". En ese sentido, con relación a las tarifas, Macri dijo ayer que en los próximos 90 días estudiarán el precio de la tarifa, y las inversiones necesarias para que la gente "viaje bien"; de todos modos, mencionó que "hace años que las tarifas están congeladas", sin acompañar los niveles de crecimiento de la inflación.
"Todavía no tenemos posición respeto de la tarifa, ese tema lo iremos estudiando en los próximos días y les iremos informando, pero es de público conocimiento que la tarifa está congelada desde hace años", dijo.
Según se informó, la Nación "se compromete al pago del 50 por ciento de los subsidios por el término de un año" y, al mismo tiempo, "se establece un plazo de 90 días para la formalización de las cuestiones administrativas correspondientes".
