Preocupado por la designación de los integrantes de la Auditoría General de la Ciudad, el legislador porteño Martín Hourest (Buenos Aires para Todos) presentó un proyecto de ley que amplía las incompatibilidades e inhabilidades para ser auditores generales del organismo a funcionarios del gobierno de la Ciudad y legisladores porteños, "para evitar conflictos de intereses entre el órgano fiscalizador y la entidad fiscalizada, en virtud de que el actual sistema político ha presentado como precandidatos a legisladores porteños, funcionarios del Banco Ciudad y actuales auditores generales".
El próximo viernes 10 de agosto vence el plazo para la presentación de impugnaciones de los candidatos a integrar la Auditoría General de la Ciudad. Organizaciones no gubernamentales presentaron su disconformidad con el procedimiento de designación de los nuevos integrantes de la Auditoría de la Ciudad. Entre otras figuran ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Asociación por los Derechos Civiles, ATE-Auditoría y ATE Capital.
En los fundamentos del proyecto que Hourest firmó en coautoría con el legislador Facundo Di Filippo, aclara que "para preservar el estado de derecho, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la Auditoría de la Ciudad tiene como función garantizar la economía, eficiencia y transparencia de los tres poderes del Estado porteño (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Y concluyen: "Que los integrantes de la Auditoría no deben ser juez y parte en el ciclo integral de una política pública, porque ello atentaría contra la separación de poderes y la transparencia que merece el control de la gestión pública",
