El legislador de Confianza Pública (CP), Diego García Vilas, le solicitó al Ejecutivo que informe sobre las medidas de seguridad previstas en las inmediaciones de las calles Juan B. Justo y Soler, en el barrio de Palermo.
Se trata de una de las áreas más transitadas de la Ciudad, que viene sufriendo desde hace años episodios delictivos reiterados.
La zona en cuestión, formada por terrenos ferroviarios abandonados, quedó en el ojo de la tormenta a partir del caso denunciado públicamente por la periodista Manuela Fernández Mendy, quien fue atacada y abusada en ese lugar.
Sus agresores lograron escapar refugiándose dentro del predio, que hoy alberga un asentamiento visible tanto desde el paso del tren como desde los edificios lindantes.
El hecho puso bajo la lupa una problemática generalizada del barrio, donde sus habitantes comenzaron a autoconvocarse en reclamo de seguridad. También evidenció las complicaciones de los debates jurisdiccionales en torno al accionar policial, en tiempos del traspaso de fuerzas.
En este sentido, el proyecto ingresado en la Legislatura pide al Gobierno que indique si se destinaron efectivos para monitorear la zona, detallando no sólo la cantidad sino también la duración de sus jornadas. Asimismo, pide datos estadísticos sobre las denuncias recibidas en esa jurisdicción y su resolución.
Por otro lado, hace foco en el emplazamiento (ubicado entre las calles Juan B. Justo, Soler, Godoy Cruz y Nicaragua) respecto a la cantidad de residentes que hoy lo habitan, a quién pertenece el predio y si se prevé algún tipo de solución habitacional para quienes allí viven.
El objetivo es obtener datos oficiales que permitan trabajar en una solución concreta para los que transitan el lugar. Es por esto que además, el expediente está acompañado por una declaración de preocupación por parte del cuerpo legislativo ante estos hechos de violencia que alarman a los vecinos de la Comuna 14.