Los datos dados a conocer por la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, cuyo presidente es Marcelo Vázquez, son preocupantes y demuestran que la situación de la justicia porteña no es la mejor. A través de una resolución dada a conocer por ese cuerpo se le reclama "al Consejo de la Magistratura la inmediata puesta a disposición de los señores jueces del fuero de los recursos humanos, técnicos y materiales indispensables y adecuados para el normal desempeño de sus funciones jurisdiccionales". Y por otra parte, "hace saber el resultado de lo hasta aquí actuado en el marco de la competencia de este Tribunal a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a sus efectos. Hacer saber lo decidido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad".
En realidad esta resolución nace del pedido que le realizaron los jueces de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas a la Cámara, debido a que no podían seguir trabajando en las condiciones en las que se encontraban (problemas edilicios y técnicos) entre otros ítems, y reclamaban la urgente convocatoria a una feria judicial. La resolución que le da la razón a los magistrados ya descansa en el escritorio del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y en el de su vice, Jorge Telerman.
La causa se inició el 15 de junio de 2004 cuando los jueces Contravencionales y de Faltas, Fernanda Botana, Gonzalo Rúa, Javier Buján, María Martínez Vega, Gabriel Vega, Marcelo Bartumeu Romero, Guillermo Morosi, María López Iñiguez, Claudia Alvaro, Fernando Caunedo, Ricardo Baldomar, Carlos Aostri, Luisa María Escrich y Cristina Lara, le solicitaron al presidente del Consejo de la Magistratura que dispusiera una feria judicial extraordinaria para los Tribunales con sede en Beruti 3345, "en razón de una serie de circunstancias que impiden el funcionamiento de los mismos en las condiciones reseñadas en la presentación judicial".
Los magistrados denunciaron "la imposibilidad de administrar justicia en virtud de las deficiencias estructurales que afectan la provisión de fluido eléctrico, que provoca la carencia del mismo en los juzgados y otras áreas comunes, obligando a la paralización de las actividades y a la afectación del sistema informático, y provocando la suspensión de audiencias públicas o su desarrollo en condiciones inadecuadas".
También denuncian "la inexistencia de un sistema de seguridad edilicia, puesto de manifiesto con el corte de energía eléctrica producido el 14 de junio, que contenga luces de emergencia en zonas comunes, escaleras de emergencia o salidas alternativas para incendios".
Además, señalaron que existen "cables y bocas de electricidad expuestos al alcance de la mano, vidrios de las salas de audiencia rotos y/o pegados con cinta adherente, salas de audiencias sin impresoras ni teléfonos, empleados judiciales sin computadoras, inexistencia de bancos y sillas para los testigos, peritos y/o imputados que deben permanecer a la espera de ser convocados a juicio, y carencia de servicio de gas para cocina".
Según la resolución de la Cámara que preside Vázquez, los denunciantes "enumeran una serie de situaciones que evidencian defectos de índole estructural edilicia, de falta de insumos y de falta de mantenimiento u omisión en la reparación, justificando en ellas la solicitud de feria judicial extraordinaria y exigiendo la identificación de los funcionarios que negligentemente no previsionaron o solucionaron la crisis de infraestructura".
La causa, caratulada como "jueces de Primera Instancia del Fuero s/denuncias irregularidades Beruti 3345 – solicitan feria judicial urgente", parece no encontrar una solución que termine con los padecimientos narrados por los magistrados.
Los integrantes de la Cámara, por su parte, se acercaron al edificio de la calle Beruti, el 18 de junio, para constatar la denuncia realizada , y a pesar de que el propio Consejo de la Magistratura decretó, por esos días, la emergencia edilicia, los problemas continuaron.
La situación desencadena en el duro fallo dado a conocer a principios de la segunda quincena de octubre por la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas, en donde les da la absoluta razón a los denunciantes e informa al Poder Ejecutivo porteño de los graves problemas que aquejan a la justicia porteña.
