Malvinas: el Gobierno rechaza dividir la ley y propone una Bicameral de control
El Gobierno rechazó la posibilidad de dividir en distintos proyectos la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, tal como reclama la oposición para facilitar un acuerdo en el Congreso. Durante un plenario de comisiones de Diputados, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, defendió el texto y adelantó que el Ejecutivo analiza incorporar una comisión bicameral de seguimiento.
La propuesta opositora apunta a separar los primeros 40 artículos del proyecto, que establecen un nuevo régimen de sanciones para quienes exploten sin autorización recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina. Unión por la Patria considera que ese tramo podría reunir mayor consenso, mientras cuestiona otros capítulos vinculados con seguridad nacional, inteligencia y posibles reformas penales.
Sin embargo, Ibarzabal Murphy sostuvo que el proyecto debe ser tratado como un conjunto. “Entendemos que el título primero no se puede tratar por separado del resto”, afirmó la funcionaria, quien argumentó que la defensa de la soberanía requiere tanto un régimen sancionatorio como herramientas estatales para fortalecer la posición argentina en materia diplomática.
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente y con participación de distintas áreas del Gobierno. Frente a las críticas opositoras por una eventual concentración de poder, la secretaria de Legal y Técnica aseguró que el nuevo organismo no implicará quitar autonomía a las estructuras existentes, sino coordinarlas bajo un mismo lineamiento.
Para reforzar el vínculo con el Congreso, el Ejecutivo evalúa sumar una comisión bicameral de seguimiento de seguridad nacional. Según explicó Ibarzabal Murphy, ese organismo podría solicitar información y obligaría al Poder Ejecutivo a mantener una interlocución permanente con el Parlamento. La oposición, sin embargo, recibió el anuncio con cautela y recordó las dudas históricas sobre la efectividad de las comisiones parlamentarias.
Otro de los puntos que generó fuertes cuestionamientos es el artículo 111, que establece penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de actores extranjeros, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia y sabotaje. La funcionaria se mostró dispuesta a revisar la redacción para despejar dudas sobre su impacto en la libertad de expresión y sostuvo que la norma “no criminaliza el error periodístico ni la difusión falsa”.
