En un gesto de neto contenido político, el Partido Justicialista bonaerense presentó un amparo, acompañando a la Defensoría del Pueblo provincial y a otras entidades, para frenar los brutales aumentos de tarifas de la energía y el transporte que azotan a la población.
Este viernes comenzaron a regir ya los incrementos en la energía eléctrica, el transporte, la medicina privada y la garrafa social. El gas domiciliario, en cambio, aumentará en abril.
El amparo fue presentado en una conferencia de prensa que reunió a intendentes justicialistas, a representantes de la Defensoría del Pueblo y del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS).
En su presentación, los intendentes plantearon que los incrementos de tarifas “vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016”. Luego, volviendo a las bases de la doctrina que proponen los amparistas, éstos recordaron que “el Tribunal Supremo había dictaminado que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de ‘gradualidad’ y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos”.
Luego, éstos consideraron que en la ocasión, que la Secretaría de Energía y en Ente Regulador de la Electricidad no cumplieron “con el procedimiento de audiencia pública”, lo que vulnera lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
En el escrito, se solicitó a los magistrados judiciales que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”, además de solicitar que sean suspendidas las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y otras resoluciones del ENRE, a la vez que se reclamó que “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.
La presentación se realizó finalmente este viernes a las 16:00 en la Capital Federal.
El Poder ejecutivo decidió que los aumentos que comenzarán a regir por estos días en Capital y Gran Buenos serán, para el caso de la electricidad, del 26 por ciento, que en algunos casos llegarán al 32 por ciento.
También se incrementarán las tarifas de trenes, subtes y colectivos. El boleto mínimo de colectivos quedará en $16,50; el de ferrocarril, en $0,75 y $1,25 y el de subte alcanzará los $16,50.
Las cuotas de la medicina privada -que jamás se quedan atrás- subirán el cinco por ciento, en tanto que las garrafas de gas harán lo propio en un 24 por ciento.
Solidaria, la gobernadora autorizó aumentos paralelos en la capital provincial y el interior de la provincia, que se concretarán en tres tramos -febrero, mayo y agosto- e irán del 35 al 40 por ciento, tanto para las cooperativas pueblerinas como para las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP.
Simultáneamente con la presentación judicial, este jueves se realizó la “Marcha de las Antorchas” en rechazo a los tarifazos. Hubo marchas en Bariloche y en Junín y habrá más en la semana próxima, que se harán en Mendoza y Córdoba. También existen otros métodos de protesta, como los cortes de avenidas que se están produciendo en la Ciudad de Buenos Aires y en otras localidades del conurbano bonaerense, afectados tanto por los inclementes aumentos como por los paralelos cortes de energía, que enfurecen a los usuarios.
