El kirchnerismo duro avanza con otra propuesta concreta para marcarle la cancha a Alberto Fernández. Esta vez se trata de un tema de alta sensibilidad: la posibilidad concreta de declarar como un “recurso estratégico” al litio, al mismo tiempo que establecer un mayor control estatal en la industria de extracción y procesamiento de este mineral altamente valioso a nivel mundial.
Al unísono, los diputados nacionales Itai Hagman, Juan Carlos Alderete y Juan Marino celebraron la decisión de AMLO de crear un monopolio público en México en torno a la explotación del mineral estratégica para la transición tecnológica. Son tres legisladores que pertenecen al espectro de la izquierda del Frente de Todos e integran partidos políticos diferentes: el Frente Patria Grande, la Corriente Clasista Combativa y el Partido Piquetero.
“El Partido Piquetero saluda la nacionalización del litio anunciada por @lopezobrador_. Reivindicar a Cárdenas por nacionalizar el petróleo es un hito fundante del trotskismo de liberación nacional. Como en Bolivia y en México, impulsamos la soberanía argentina del litio”, publicó Juan Marino en su cuenta personal de Twitter.
Alderete, de la CCC, destacó la medida por el mismo medio y citó la prédica de López Obrador. “Para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de EEUU. El petróleo y el litio son de la nación. Del pueblo de México”, parafraseó el legislador al mandatario.
Es posible. Es necesario. Es el camino.
Andrés Manuel López Obrador decretó la nacionalización del litio mexicano.
"Para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de EEUU. El petróleo y el litio son de la nación. Del pueblo de México"#Litio #Mexico pic.twitter.com/wA3RQ5iOAl
— Juan Carlos Alderete (@JCAlderete_CCC) February 21, 2023
En una tesitura similar, Hagman -también integrante del Frente Patria Grande- resaltó que la nacionalización adoptada en México “marca el camino de la soberanía” y recordó que la potencialidad argentina “en esta área es enorme, pero si no damos estos debates corremos el riesgo de convertirnos en un engranaje del neocolonialismo, sin nuestros recursos y con pobreza”.
En lo concreto, la estrategia de AMLO implica la revisión de tres concesiones que otorgó el gobierno anterior a la minera británica Bacanora Lithum, propiedad del conglomerado chino Ganfeng Lithium. Ese contrato está siendo revisado actualmente luego del decreto anunciado.
En Argentina, el litio aportó el año pasado unos USD 696 millones a la economía nacional. La cifra representa el 18% del total de las exportaciones mineras del país, que alcanzaron el récord de USD 3.857 millones. Se trata de una actividad que aún está en desarrollo y que tiene como base principal de asiento las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta. La región integra el denominado “triángulo del litio” del que forma parte Argentina, Chile y Bolivia.
Según las explicaciones de expertos y de los funcionarios especializados en el área, la estrategia de nacionalización de minerales en Argentina entra en conflicto con la Constitución Nacional, que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, que reciben un 3% en concepto de regalías por la producción en boca de mina. Por lo tanto, cualquier tipo de explotación al Estado nacional requiere ser compartida o cedida a la Nación con una previa autorización de las jurisdicciones locales.
Las provincias en desacuerdo
Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Raul Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) se oponen a la nacionalización y defienden el marco jurídico vigente. La Ley de Inversiones Mineras establece también una serie de beneficios a las empresas mineras como estabilidad fiscal por 30 años, posibilidad de deducir Impuesto a las Ganancias, la devolución anticipada del IVA, entre otros puntos.
“Es un tema que requiere consenso ya que involucra a las provincias que hoy administran el recurso y una amplia discusión”, señaló Roberto Salvarezza, director de YPF Y-TEC e YPF Litio.
La Mesa Nacional del Litio se creó como una alternativa a la nacionalización del recurso. Se trata de un espacio de articulación y coordinación mínima con el Estado nacional, donde están sentados tanto representantes del Poder Ejecutivo como de las provincias mineras. Pese a las diferencias y discusiones, lo cierto es que existe cierto malestar en torno a los beneficios económicos directos que actualmente trae la explotación del “oro blanco”, y ese diagnóstico es compartido en la dirigencia política.