El exfuncionario de Desarrollo Social y líder del Movimiento “La Dignidad”, de Rafael Klejzer, irá a supermercados de CABA y el Conurbano para verificar si se cumple el acuerdo de Precios Justos.
Se trata de una medida dispuesta por el Ministerio de Economía que hizo ruido a principios de mes cuando se conoció que integrantes de Camioneros harían lo propio en centros de distribución.
Ahora, el Movimiento Popular “La Dignidad” anunció que comenzará a ejecutar tareas de fiscalización de precios en medio de los intentos del Gobierno de frenar la disparada de los mismos y detectar posibles incumplimientos por parte de las cadenas al acuerdo.
Eso ocurrirá en un mes en el que se encendieron las señales de alerta en torno a la inflación que volvería a subir unos puntos que dejarían la anual al borde del 100%, de acuerdo a estimaciones de algunas consultoras.
“Vamos a hacer un primer relevamiento independiente en diferentes cadenas supermercadistas para comprobar si los productos acodados en el programa de ‘Precios Justos’ se encuentran en la góndola”, anunció en las últimas horas el líder de ‘La Dignidad’, Rafael Klejzer.
Klejzer es el mismo que en noviembre del año pasado renunció al Ministerio de Desarrollo Social, donde era director nacional de Políticas Integradoras.
Su explicación era que no estaba de acuerdo con el proceso de ajuste, pero había malestar porque un mes antes este dirigente quiso dictar clases de “riqueza” frente al restaurante del legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán. Fue al montar una olla popular en pleno Palermo, lo que desató una catarata de críticas.
Los datos
Según la información que tiene disponible esta organización, se habrían detectado faltantes de un 50% en promedio en los artículos que las empresas acordaron con el Gobierno.
En los últimos días, Klejzer difundió una serie de rankings de marcas con mayores incumplimientos y también hizo lo propio con las cadenas de supermercados.
Ahora, desde el Movimiento La Dignidad subrayaron que el éxito de los controles va a depender de que los comercios “permitan el ingreso de los militantes identificados de la organización y el cumplimiento de la labor de los censistas”.