La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió al gobierno nacional “una urgente respuesta” al pedido de envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5% que se estableció dese mayo. Los cuatro jueces del máximo tribunal plantearon que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
El oficio firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue enviado al jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, compañero en la fórmula presidencial con el ministro de Economía, Sergio Massa, en un contexto especial.
La Corte Suprema exigió nuevamente los fondos para afrontar el aumento de salarios, lo que ya había reclamado. “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de reiterar el pedido formulado en la nota del pasado 29 de agosto mediante la cual se le solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 1° de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación como parte de la política salarial del corriente año”, señala el oficio.
La falta de respuestas hizo que el gremio de empleados judiciales que conduce Julio Piumato tome medidas. El miércoles realizó un paro de 24 horas y mañana repetirá la medida si el aumento no se paga. La decisión del gremio es “ante el retraso de la Jefatura de Gabinete que demora lo acordado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional para el tercer tramo de recomposición salarial 2023″.
En su reclamo al gobierno, la Corte resaltó que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”. Y reclamaron “una urgente respuesta al pedido realizado”.
El pedido de la Corte contó con el apoyo de la Lista Bordó, una de las agrupaciones políticas del mundo judicial que preside la Asociación de Magistrados.
“El Poder Judicial no debe encontrarse sujeto a intromisiones de los otros poderes del Estado en la administración de recursos propios. El desarrollo de los sucesos nos permite pensar, muy razonadamente, en que la situación se vuelve a imprimir en el marco de las hostilidades que se le dirigen, sin pausa, a la jurisdicción judicial”, sostuvo en un comunicado.
La respuesta de Rossi
El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, dijo que si la Corte Suprema quiere pagar aumentos a los empleados judiciales debería utilizar recursos propios. La declaración sucede en el medio de una nueva tensión entre el Ejecutivo Nacional y el máximo tribunal, que había solicitado a través de una carta el envío de fondos para afrontar un incremento salarial del 6,5% que se estableció en mayo. En su respuesta, el jefe de Gabinete de la Nación rechazó la exigencia y señalí que la entidad tiene un superávit de $55.387 millones, un monto suficiente para afrontar los pagos.
A través de una nota enviada a los miembros de la Corte, Rossi explicó que “tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado, dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”.
“Asimismo, les he manifestado que a la hora de determinar los aumentos salariales deben considerar que los mismos impactan de igual manera en los haberes del personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría General de la Nación”, refirió y recordó que deben “ser atendidos con recursos del Tesoro Nacional, lo que tensiona la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros, producto de la coyuntura económica generada por la sequía”.
El jefe de Gabinete recordó que el Poder Ejecutivo “ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial” con créditos para gastos en personal por 10.000 millones de pesos.
“Es importante recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, manda a defender el valor de la moneda, lo cual implica no emitir para mayores gastos, sobre todo cuando hay fuentes financieras disponibles”, completó Rossi.
Y explicó que en el Presupuesto de la Administración Nacional “el Poder Judicial cuenta con recursos propios para el presente ejercicio de $ 426.095 millones, mientras que el total de gastos de capital y corrientes para atender con dichos recursos es de $ 370.708 millones, dando como resultado un superávit de $ 55.387 millones”.
Además, consideró que “se proyecta un excedente de recursos propios adicional al cierre del ejercicio de $ 24.000 millones aproximadamente”, e informó que además la Corte “cuenta con disponibilidades en cuentas bancarias y plazo fijos al 31 de julio del 2023 por $ 187.922 millones, según se expone en su sitio web de Datos Abiertos”.
Por ese motivo, Rossi autorizó modificar el presupuesto y disponer los $ 55.387 millones de aplicaciones financieras para solventar el faltante presupuestario para gastos en personal del Poder Judicial.
Y aclaró que en caso de resultar insuficiente se realizarán las modificaciones presupuestarias necesarias para atender los faltantes que presente el Poder Judicial en el presente ejercicio.
El aumento otorgado
La Corte Suprema de Justicia dispuso un aumento del 6,5 % a los empleados del Poder Judicial desde el 1 de julio pasado y, por eso, se levantó la huelga que había dispuesto el gremio que lidera Julio Piumato.
La acordada 27, firmada este viernes, señala que la Corte “con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los sueldos de todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación respecto de la inflación, ha decidido establecer un incremento salarial del seis y medio por ciento (6,5%) a partir del primero de julio de 2023, como parte de la política salarial del año 2023″.
Consignó la Corte que había “solicitado a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación la modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para afrontar el correspondiente incremento”. Y realizado ese trámite, acordaron disponer la liquidación y pago del incremento salarial, remunerativo y bonificable, para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación.
