La estación de servicio ubicada en Lima e Independencia, en la que piqueteros kirchneristas protestaron este jueves y viernes por el aumento de combustible decretado por Shell, puede explotar. Así lo determinó la justicia en 1999. Seis años después del falló que obligó a la empresa anglo-holandesa a remediar una hectárea de tierra con combustible, se reavivó la polémica: la procuradora general de la Ciudad, Alejandra Tadei, pidió el año pasado la nulidad de la sentencia contra Shell y ahora los diputados macristas Marcos Peña, Rodrigo Herrera Bravo, Martín Borrelli y Florencia Polimeni quieren citarla a la Comisión de Justicia de la Legislatura para que explique por qué.
La presentación se hizo porque la imposición del método de remediación se hizo sin la intervención del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, luego la Procuración de la Ciudad desistió de la presentación y acordó con el resto de las partes buscar un consenso sobre un plan alternativo. Así lo informó Tadei en un pedido de informes hecho por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
"A pesar de solicitar la nulidad -expresaron los autores del proyecto-, el Gobierno porteño no presentó un proyecto de saneamiento y seguridad para las personas que fuera alternativo al planteado por la justicia. Y en 5 años, tampoco objetó el método de cambio de tierra contaminada, ya que es consciente de que es el mejor camino para evitar el peligro de explosiones y la contaminación del subterráneo, suelos y napas".
No obstante, Tadei informó que Shell ya presentó ante la Dirección General de Política y Evaluación Ambiental "un método alternativo de remediación del ambiente, menos traumático y de menor impacto ambiental que el fijado en su momento por la Sala H de la Cámara de Apelaciones en lo Civil". Este plan está en estudio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), desde principios de marzo.
En tanto, respecto al peligro por las pérdida de combustible, la Procuración de la Ciudad informó que inspectores de Bomberos y de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental hicieron pesquisas en las estaciones Independencia de las líneas C y E, que concluyeron que no existe riesgo de explosión.
La primer noticia que se tiene de la pérdida de combustible data de 1978, cuando resulto herido un operario del subte a partir de una pequeña explosión. Luego, en 1991, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) inició una causa judicial contra el propietario de la estación de servicio de la empresa anglo holandesa, por los perjuicios ocasionados por una serie de pérdidas de sus tanques de combustible. El 1º de octubre de 1999, la Cámara Nacional Civil, Sala H, resolvió condenar a Shell a la reparación del medio ambiente, mediante la descontaminación de la tierra afectada que, según estudios, superaría la hectárea.
Justamente, para determinar con certeza cual es la superficie que está contaminada y para controlar que las tareas de descontaminación se realicen correctamente, un juez designó a tres peritos: uno por la empresa, un ingeniero de oficio y un consultor técnico geólogo que representa al Estado. En un informe, los dos últimos peritos denunciaron que los peritajes de Shell no iban a permitir que superficie de tierra era la afectada y, por lo tanto, la que se debía remediar. Según denunció en su momento el ex ombusdman adjunto Antonio Elio Brailovsky, la Ciudad pidió que se aparte de la causa a estos dos peritos.
