Lo anunciaban desde abril. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) había informado su intención de trasladar a los condenados por crímenes de lesa humanidad desde el Complejo Penitenciario VII (anteriormente conocido como Unidad 31) de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo. La razón aparente: la superpoblación carcelaria y la falta de espacio para alojar a mujeres privadas de su libertad.
El viernes 9 de mayo lograron su cometido: 19 represores fueron trasladados. Entre ellos se encuentran Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Miguel Donda, Jorge Rádice, Antonio Pernías, Luis Navarro, Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Gerardo Arráez y Miguel Ángel Britos, entre otros.
Organismos de derechos humanos repudiaron la medida de inmediato. Denunciaron que no se trata de una decisión administrativa, sino de una jugada política que busca garantizar privilegios a quienes hoy están presos por cometer delitos aberrantes durante el terrorismo de Estado. Además, señalaron el gesto como una provocación. “Este movimiento no es ingenuo. Bajo la excusa de la superpoblación carcelaria, lo que están queriendo es dar otro tipo de condiciones a estos milicos. Pero seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva, sin privilegios”, señaló María Eugenia Di Pato, integrante de la Red de H.I.J.O.S Rosario.
El traslado ocurre en un contexto político marcado por gestos oficiales que incomodan y generan indignación: visitas de funcionarios a condenados por crímenes de lesa humanidad, declaraciones que relativizan el terrorismo de Estado y ataques sistemáticos a los organismos de derechos humanos. “Publicamos un comunicado en conjunto, entendiendo que no es cualquier cárcel a la que los están trasladando, bajo la excusa de la superpoblación, pero lo que se busca es mejorar las condiciones de detención de estos militares. Eso tiene una clara intencionalidad política”, agregó Di Pato. Además, denunció que el hecho “es una provocación, un retroceso. Si bien no lograron imponer las prisiones domiciliarias o el 2×1, el traslado coincide con un nuevo aniversario de ese movimiento, que fue cuando la sociedad salió a las calles a decir basta”.
Porque este no es el primer intento institucional para beneficiar a los genocidas. En mayo de 2017, la Corte Suprema dictó un fallo que aplicaba el beneficio del “2×1” a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad, que consistía en computar doble cada día de prisión preventiva una vez cumplido el plazo de tres años sin condena firme. La decisión generó un repudio masivo y espontáneo que llenó las calles del país. En menos de una semana, el Congreso sancionó la Ley 27.362, que declaró inaplicable ese beneficio a crímenes de lesa humanidad, reafirmando que la memoria es una política de Estado.
El Estado, de rodillas frente a los genocidas
En julio del año pasado, los ahora trasladados recibieron la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza, que se acercaron al penal de Ezeiza donde se reunieron con ellos. Sonrientes, se fotografiaron junto a los culpables de secuestrar, torturar y desaparecer personas.
El encuentro con los represores -que lejos pareció de ser improvisado- lo llevó a cabo un grupo de legisladores compuesto por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra, entre otros. La reunión se realizó en la capilla del penal y fue la foto la que encendió la alarma en el arco político y social. En algunos sectores del oficialismo intentaron despegarse, pero el repudio fue generalizado en gran parte de la sociedad.
La diputada nacional Lourdes Arrieta, recordada por llevar patitos en la cabeza durante las sesiones, fue una de las que intentó desligarse de la gravedad del acto, del que se excusó diciendo que, por su edad, no tenía porqué reconocer a un personaje como Astiz. “Había personas de 80 años, de las cuales no conocía la identidad y fue algo netamente institucional, porque los internos nunca dijeron por qué estaban condenados”, explicó en diálogo con FM Milenium. En la misma entrevista, se defendió de las críticas y planteó que “la Constitución dice que para ser diputado de la Nación tenés que tener más de 25 años y ser ciudadano argentino, no dice que tenés que tener cierto grado de conocimiento”. Además, aseguró haber tenido que googlear a Astiz.
Pero el punto más inquietante fue el silencio sostenido de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, reconocida por su cercanía ideológica con sectores negacionistas y su constante relativización de los crímenes de Estado. No emitió palabra sobre lo ocurrido. Su mutismo fue leído como un gesto de complicidad por muchos, incluso dentro del propio oficialismo, que mostró grietas en torno a este tipo de posicionamientos.
Para la referente de derechos humanos, el traslado tiene consecuencias profundas: “El riesgo es claro: se vulnera el proceso de memoria, verdad y justicia. Es una consigna histórica de los organismos de derechos humanos: cárcel común, perpetua y efectiva. No solo por el rol represivo que cumplieron, sino por el objetivo político que tuvo la dictadura: diezmar a una generación, imponer el terror y desaparecer personas”.
La marcha del 24 de marzo y la respuesta en las calles
Con la consigna de los 49 años del golpe cívico-militar, el pasado 24 de marzo de 2025 se congregó una multitud de personas en Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La movilización, que comenzó a las 14 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, reunió a organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, sindicatos, y numerosas agrupaciones políticas y sociales.
“Seguimos en las calles, con estudiantes, con trabajadores, con los movimientos sociales. Porque los organismos de derechos humanos no sólo miramos al pasado, también estamos atentos al presente y al futuro”, subrayó Maria Eugenia.
Una semana antes, el 12 de marzo, una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional —acompañada por hinchas de fútbol y organizaciones sociales— fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad, bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich. El operativo dejó al menos 20 heridos y 124 detenidos. Pablo Grillo, un fotoperiodista, recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza mientras trabajaba. Hoy continúa internado, mejorando lentamente.
Ese día, los manifestantes reclamaban por pensiones dignas y el acceso a medicamentos gratuitos, en un contexto de creciente ajuste económico y recortes en los beneficios sociales. La violencia ejercida por las fuerzas policiales y la constante amenaza contra los manifestantes desvaloriza el derecho a la protesta. La criminalización por salir a reclamar vuelve a instalarse en la agenda pública, mientras la calle reafirma —aunque nunca dejó de hacerlo— su lugar como escenario central de la resistencia. En ese mismo escenario, también la cultura alza la voz.
La nevada cae: Una historieta que interpeló a Netflix
En plena ola de revisionismos peligrosos, El Eternauta apareció en Netflix como quien viene a recordar que las historias de resistencia no se archivan. La serie, que logró posicionarse dentro del top 10 global de esta plataforma, está basada en la historieta argentina creada en 1957 por Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López. Narra la lucha colectiva de un grupo de personas que sobrevive a una invasión en un Buenos Aires cubierto por una nevada mortal. Pero más allá del género, El Eternauta siempre fue una metáfora política. Oesterheld -desaparecido por la dictadura al igual que sus cuatro hijas militantes- transformó esa historia de ciencia ficción en un símbolo de lucha contra el poder autoritario. Publicada en plena Guerra Fría y reeditada en los años setenta con una mirada cada vez más comprometida, la historieta fue leída como una advertencia y un llamado: la salvación no es individual, es colectiva. Porque nadie se salva solo.
“Celebramos cosas como la resignificación del Eternauta porque creemos que la cultura también es una forma de seguir militando memoria”, destacó Di Pato. “Que hoy llegue a las pantallas de millones, en un momento en que se relativiza el terrorismo de Estado y se trasladan genocidas a centros de privilegio es altamente valioso. Es memoria viva, porque, como decía Oesterheld, el verdadero héroe es un héroe colectivo. Y esa idea, hoy más que nunca, también es resistencia”.
En un contexto donde se redefine el lugar que ocupan los responsables del terrorismo de Estado, cada decisión institucional resuena más allá de lo inmediato. El traslado a centros de detención más flexibles se inscribe en un clima en el que ciertos discursos buscan restarle gravedad a lo que fue un plan sistemático de exterminio. La duda sobre las cifras, el desplazamiento de las palabras, la tibieza frente a lo que antes era inaceptable, forman parte de una misma deriva. Por eso, seguir poniendo el cuerpo en la calle, sostener espacios de memoria y resignificar la cultura, es también una forma de defender el sentido común democrático que tanto tiempo llevó construir.