Este jueves la Legislatura porteña aprobó el proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, para acceder a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) de 130 millones de dólares para financiar el Proyecto de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires. La votación en general tuvo como resultado: 36 votos afirmativos y 10 negativos.
El crédito estará destinado a la implementación de la primera etapa del plan resultante del Proyecto de Protección Contra Inundaciones aprobado por la ley 93. Esta primera etapa incluye la ejecución de las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la Cuenca del Arroyo Maldonado, la puesta en marcha de las medidas no estructurales complementarias y la asistencia técnica en materia de riesgo hídrico, todo ello a fin de mitigar el impacto que producen las inundaciones que afectan diversas áreas del territorio de la Ciudad.
El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Giorno (Partido de la Ciudad), quien señaló que "entre 27 alternativas evaluadas, se seleccionó la construcción de dos túneles aliviadores del conducto principal existente bajo la Avenida Juan B. Justo, denominados Túnel Largo (de 10 kilómetros de longitud) y Túnel Corto (5 kilómetros de longitud). Cada uno de estos túneles tendrá 6,9 metros de diámetro y serán realizados mediante máquinas tuneleras especiales diseñadas para estas obras, que trabajarán a unos 20 metros de profundidad y permitirán excavar aproximadamente 660 metros mensuales lineales de túnel en conjunto. Además de estos túneles principales, se construirán 46 kilómetros de túneles secundarios que permitirán canalizar el agua desde los diferentes puntos de la cuenca hacia".
Giorno agregó que "este proyecto busca la adecuación de obras ya existentes, mediante una serie de medidas de importancia y alta complejidad. Lo que cabe señalar es que la reestructuración de la actual deuda pública de la Ciudad culmina en el 2011 y es, en ese año, donde se deberá empezar a pagar las cuotas de este crédito".
A su término, el diputado Sergio Molina (Bloque del Sur/Interbloque de Izquierda) manifestó su total desacuerdo con la iniciativa del Ejecutivo que plasmó, junto al diputado Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre), en un despacho de minoría. Molina señaló que "concretar el crédito significa el pago inmediato de una comisión de 0,85 por ciento es decir de alrededor de un millón de dólares. En los primeros cinco años se pagarían intereses por alrededor de cuatro millones y medio de dólares y los 15 años siguientes alrededor de 12 millones de dólares. Tomar este crédito significa que la consultoría y las obras se toman de acuerdo a las normas del BIRF".
El ex diputado zamorista añadió: "¿Para qué tomar un préstamos en el exterior teniendo la Ciudad un superávit de aproximadamente 1.400 millones de pesos. En caso de necesitar dinero se le puede pedir un préstamos al Banco Ciudad. Con este proyecto el Ejecutivo sigue reafirmando su política de entrega, de dependencia económica, política y cultural. Sigue privilegiando negocios con organismos internacionales y con un método autoritario sigue negando la participación de los vecinos en las grandes decisiones de la Ciudad".
Por su parte, el diputado Marcos Wolman (Izquierda Unida) -quien presentó una observación al proyecto- respaldó totalmente la posición de Molina y Devoto y expresó que "no se especifica si se dará participación en las obras a medianas y pequeñas empresas porteñas o a empresas recuperadas".
El presidente de la Comisión de Ecología, Juan Manuel Velasco (Espacio Plural), afirmó: "Se está cometiendo un error en el análisis del problema -estimo y espero que sea involuntario- porque dadas las características de esta iniciativa tendría que pasar por el proceso de Audiencia Pública. Fueron evaluadas 27 alternativas diferentes entre las que se encuentra un propuesta de vecinos que fue acompañada por 35 legisladores. Entiendo la premura que tiene el Poder Ejecutivo para aprobar el crédito, pero entiendo que vamos a correr una grave riesgo sino analizamos detenidamente todas las alternativas posibles y el impacto ambiental de las mismas".
El presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Fernando Cantero (ARI), manifestó: "Envidio la explicación que pudo dar el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque el expediente nos llegó del 4 de marzo y no pudimos analizarlo en profundidad. ¿Cómo podemos debatir un proyecto que endeuda a la Ciudad en 130 millones de dólares sin un estudio exhaustivo? Por eso, al igual que el diputado Velasco, la vuelta de la iniciativa a la Comisión que presido". La moción de Cantero se sometió a votación, pero fue rechazada. Obtuvo 27 votos negativos y 13 positivos.
El presidente del bloque Juntos por Buenos Aires, Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires), dijo: "Se ha dicho que, a raíz del superávit de la Ciudad, no era necesario un endeudamiento externo. Pero creo que no podemos arriesgar el ahorro de la Ciudad cuando hay un crédito atrás para ser utilizado. Me parece imprudente gastar nuestros ahorros cuando se debe garantizar la prestación de servicios como la salud y la educación. Esta obra se hace en cinco años y se paga en 20. Por otra parte, creo que el Ejecutivo antes del llamado a licitación pública para la realización de esta obra, debe convocar a una Audiencia Pública para analizar, básicamente, el tema del impacto ambiental".
La diputada Sandra Bergenfeld (Cambiemos Buenos Aires) explicó: "El mandato de la ley 93 es claro y está incumplido, aunque me gustaría que el proyecto del Ejecutivo no hubiera sido el único que estuviéramos analizando porque hay una iniciativa de los vecinos de Palermo que también tendría que ser debatida. El préstamo es en dólares pero se reembolsa en euros; la comisión es de 1.300.000 dólares y será pagada por el Gobierno porteño. Si el crédito no se utiliza para los fines que está dispuesto, se deberá abonar un monto similar en calidad de multa".
Varios legisladores cuestionaron el artículo sexto por el cual se declaraba de utilidad pública el subsuelo de los bienes necesarios para la ejecución de la obra en cuestión. Asimismo, por tratarse de un bien necesario para la ejecución de la obra se autorizaba al Poder Ejecutivo a disponer la revocación de la concesión del predio actualmente en explotación del complejo recreativo situado en los terrenos de Punta Carrasco.
Bergenfeld sostuvo: "Es necesario que se modifique este artículo. Yo no quiero que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, subestime este Cuerpo. De ninguna manera puede salir votado de aquí este artículo tal como está, porque se dejar la puerta abierta para que esas once hectáreas puedan ser utilizadas para otros proyectos. En todo caso, que esos proyectos lleguen a este recinto y serán acompañados o no, después del debate pertinente tal como la democracia indica".
Finalmente, la diputada oficialista Laura Moresi dispuso que el artículo instituyera que "en caso de ser necesario para la ejecución de la obra se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la revocación total o parcial de la concesión del predio actualmente en explotación del complejo recreativo situado en los terrenos de Punta Carrasco".
También se optó por incluir un artículo por el cual se establece que el Poder Ejecutivo informará trimestralmente a la Legislatura la ejecución y el estado de las obras previstas en la norma. La propuesta fue realizada por Cantero, aunque la redacción final fue a instancias de Santilli. Cantero hizo votar primero su pedido para ver "podía ganar en algo", pero no tuvo suerte. Minutos antes el diputado del ARI había pedido que no fueran tan rápido con la aprobación del articulado, aunque sabía que muchos querían ir a ver el partido de River.
