El Colegio Público de Abogados de la Ciudad también le respondió a CFK

El Colegio Público de Abogados de la Ciudad que preside el excamarista federal, exdiputado nacional por la UCR y exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, dio a conocer un comunicado en donde fija posición luego de las declaraciones de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre la Corte Suprema de Justicia.

A través de un video difundido el lunes, Cristina acusó a la Corte de haber convertido al Poder Judicial en un “partido político protector del macrismo” y “perseguidor” de los dirigentes de otras fuerzas, y dijo que “será muy difícil mejorar las condiciones de vida” de los argentinos “con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial”.

Y responsabilizó a la Corte de las decisiones que los tribunales de Comodoro Py tomaron contra exfuncionarios kirchneristas acusados de corrupción y, específicamente, del avance del caso Vialidad, el único por el que ella está siendo juzgada.

Frente a eso, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad aseguró que “deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia”.

A continuación el comunicado completo: 

Ante recientes declaraciones públicas de las máximas autoridades políticas del país, que ponen en duda la independencia e imparcialidad de las/los juezas/ces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales inferiores, corresponde señalar que cualquier cuestionamiento al acierto de las decisiones judiciales o a la conducta de las/los magistradas/os encuentra su subsanación en el derecho positivo argentino o, incluso, a través del sistema convencional de protección de los derechos humanos.

En cambio, deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia.

No hay democracia posible sin una justicia creíble y eficaz. Todos los ciudadanos y las ciudadanas, y especialmente las/los funcionarias/os públicas/os, debemos contribuir al respeto que merecen las decisiones de las/los juezas/ces y a fortalecer la percepción popular en la  independencia e imparcialidad del poder del Estado que imparte justicia en su nombre. El Estado de derecho vigente en la República Argentina contempla los mecanismos adecuados para anular o modificar las sentencias que no se ajusten a la ley y, asimismo, para separar a aquellas/os magistradas/os que incurran en mal desempeño de sus funciones. Ese es el camino que corresponde, no el de la denostación pública.