De golpe toda la atención del caso giro y se poso sobre los ex funcionarios porteños. Sus declaraciones iban a ser claves para desentrañar una madeja que no está del todo clara. En principio entre el viernes 18 y el martes 22, debían pasar por tribunales para ser indagados por el juez de la causa, Julio Lucini, la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, la ex directora general adjunta de la subsecretaría, Ana María Fernández, y el ex director de Verificaciones, Gustavo Torres. Sin embargo, a última hora del viernes 18, los abogados de los ex funcionarios presentaron un escrito en donde solicitaron unos día de prórroga para poder analizar por completo la voluminosa causa. El magistrado les concedió la prórroga por lo que se estima que los ex funcionarios serán indagados durante la semana que comienza el 28 de marzo. A pesar de ellos, un grupo de familiares pidió el procesamiento de estos funcionarios y de algunos más, antes de ser indagados. "Esto no se puede hacer. Para pedir el procesamiento primero deben ser indagados", le adelantó a NOTICIAS URBANAS, un abogado de la causa. Pero como si esto fuera poco el letrado Fabián Bergenfeld, que patrocina a otro grupo de víctimas, le aseguró a esta agencia que "entre el martes 19 y el miércoles 20, le pedirá a Lucini que cite a declarar como testigo a la senadora Vilma Ibarra".
La situación de los ex funcionarios de la Ciudad tiende a complicarse. En primer lugar en la causa existen varios testimonios de ex inspectores que señalan que no se podían inspeccionar ciertos boliches por una cuestión política. Este punto se transformó en el centro de una polémica. Según fuentes consultadas por NOTICIAS URBANAS esos inspectores fueron echados de sus puestos por el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por no realizar bien su trabajo. En buen romance se los acusó de corruptos. Muchos de ellos dieron testimonio ante Lucini y sus dichos serán la base de la acusación contra Fiszbin y su equipo. Lo que es casi un hecho es que estos tres ex funcionarios no serán los únicos que pasarán por tribunales. Según una fuente de la investigación el ex subsecretario de Justicia y Trabajo, de cuya área dependía el control de los espectáculos, Marcelo Antuña, también deberá presentarse ante la justicia. A él se sumarán por lo menos tres ex funcionarios más.
Por otro lado, existen diferencias entre los patrocinantes de las víctimas de Cromañón. El grupo que encabeza el letrado José Iglesias tiene listo un escrito en donde le pedirá al juez de la causa, este lunes, para que cite a declarar como acusados de asociación ilícita a Fiszbin, Fernández, Torres, Antuña, al ex coordinador general y operativo de la subsecretaría de Control Comunal, Rodrigo Cozzani, y al ex director de Control Comunal, Alejandro Kampelmacher.
Según el grupo que representa Iglesias tanto Fiszbin como Antuña "eran los jefes de una organización que realizaba actos que eran causa determinante de los homicidios y lesiones que se investigan en la causa". Esto demuestra que la estrategia del grupo se endureció y ya no sólo hablan del mal desempeño de sus cargos públicos sino que avanzan sobre la hipótesis de una organización delictiva. Las acusaciones del grupo de Iglesias se basan en los dichos de los ex inspectores que ya declararon ante Lucini.
Por otro lado, el grupo que representa Bergenfeld tiene una opinión distinta. "No nos parece oportuno pedir los procesamientos ahora. Eso no significa que no los pidamos más adelante, pero este no es el momento, ya que los ex funcionarios todavía no declararon", le manifestó el letrado a NOTICIAS URBANAS.
"Nuestra intención es que declare como testigo la senadora Vilma Ibarra, ya que se afirma que Fiszbin era amiga suya. Para nosotros es crucial que ella diga como operaba el área de control y si es verdad que había presiones políticas para no meterse con ciertos boliches. También pediremos que se use el sistema de entrecruzamiento de llamados telefónicos conocido como Excalibur para investigar si la noche de la tragedia (30 de diciembre 2004) hubo llamados entre el gerenciador de Cromañón, Omar Chabán, y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y su vice, Jorge Telerman, ya que para nosotros existen indicios de que si los hubo", agregó Bergenfeld.
Por último hay un grupo de querellantes que patrocina María del Carmen Verdú y que desde el comienzo apuntaron al Gobierno de la Ciudad y al nacional, dejando de lado la responsabilidad del grupo Callejeros. "Desde el principio pedimos que se llame a declarara a Ibarra, a Telerman, al jefe de Gabinete, Raúl Fernández, al ex secretario de Justicia, Juan Carlos López, y a todos los funcionarios del área de Control porque creemos que allí hay un grado de responsabilidad superior. Lo mismo hicimos con Bomberos y Policía Federal, organismos que dependen del Ministerio del Interior", le manifestó Verdú a NOTICIAS URBANAS, al explicar las diferencias con los otros grupos.
A pesar de las diferencias lo que queda claro es que la situación de varios ex funcionarios porteños se complica cada vez más con el correr de los días.
