Más de dos horas les tomó a los diputados de la Ciudad de Buenos Aires la discusión de la creación del Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto de ley propuesto por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, con la puesta en funciones de dicho registro se evitaría "la superposición de órganos y trámites para el cumplimento de la tarea de control de legalidad de los actos de constitución, reformas, variaciones de capital, etc. de las sociedades comerciales, así como de las demás funciones registrales referidas a los comerciantes individuales y auxiliares de comercio, sus actos y documentos y las entidades de bien público". Las únicas sociedades en las que no tendría competencia el órgano porteño serían aquellas sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores.
Tal como informaron fuentes parlamentarias a NOTICIAS URBANAS, los votos para la aprobación del proyecto estuvieron y le correspondieron a los diputados del bloque PRO y algunos legisladores de la Coalición Cívica.
La propuesta oficialista ? presentada por Martín Borrelli, presidente de la comisión de Justicia- contaba con despacho de mayoría de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, y tres de minoría: dos que proponían el archivo del expediente y otro, la vuelta a comisión.
El debate parlamentario fue extendido y hubo cuestionamientos fuertes a la cláusula transitoria primera que fija la entrada en vigencia de las funciones del Organismo y las supedita a la firma de convenios con el Ejecutivo; y a la supuesta designación de Jorge Vanossi como responsable de encabezar el registro.
Sobre los convenios, el presidente de la bancada PRO, Oscar Moscariello, "la efectiva implementación del desempeño del Organismo, se sujeta a la suscripción de los convenios que coordinan su competencia con el Estado Nacional, el objetivo es evitar la incertidumbre jurídica que se generaría frente a la posible existencia de dos organismos administrativas que se superpondrían en determinadas materias de tipo comercial y de negocios".
Por su parte, el legislador de Encuentro Progresista, Raúl Fernández calificó de "improvisada" a la manera como procede el Gobierno porteño, y lo dijo en relación al contenido de la cláusula transitoria primera que fija la entrada en vigencia de las funciones del Organismo y las supedita a la firma de convenios con el Ejecutivo. "Voy a votar en contra de la cláusula transitoria segunda en cuánto ésta es poco clara desde el punto de vista legal y puede generar confusiones", declaró durante el debate.
en tanto, apoyando la iniciativa del Ejecutivo, el vicepresidente de la Coalición cívica, Sergio Abrevaya manifestó que "es necesario una IGJ de la ciudad que sea ágil, que simplifique la posibilidad de reconocimiento de ONG que trabajan sobre los conflictos de la ciudad. Creemos que las asociaciones civiles tienen que tener la facilidad de crearse en el ámbito de la Ciudad y no estar somedias a regímenes pensados para sociedades comerciales".
Pasadas las 23 horas, culminó la sesión.
