El 1º de marzo de este año, el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, finalizó su discurso de inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura con una frase que para algunos fue una decisión audaz e inteligente y para otros una mordaza a la participación ciudadana: "El próximo 8 de junio habrá elecciones en la Ciudad de Buenos Aires".
La fecha escogida por el líder del Frente Grande generó una fuerte oposición entre de los partidos políticos en formación, que recurrieron o recurrirán a la Justicia para evitar lo que ellos consideran una violación al fallo del juez Juan Vicente Cataldo y al espíritu la Ley 875, de desdoblamiento de los comicios nacionales de los locales.
Uno de estos recursos judiciales fue la medida cautelar que presentó el ex consejero vecinal Javier María García Elorrio, pidiendo que se suspendan las elecciones hasta tanto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad no se expida sobre la apelación del Poder Ejecutivo al fallo de Cataldo.
Éste le ordenó a la Legislatura que sancione la Ley de Comunas y -de no hacerlo antes de las elecciones- que el jefe de Gobierno convoque a la elección en los próximos comicios de los delegados comunales en cada uno de los 16 Centros de Gestión y Participación. "¿Qué pasaría sí la Justicia se expide a favor del fallo Cataldo un día antes de las elecciones?", se preguntó García Elorrio.
A diferencia de García Elorrio, hombre cercano a Patricia Bullrich, que inició el trámite judicial ante Cataldo por entender que existe conexidad con la causa inicial, el diputado porteño Jorge Busacca (Partido Popular Cristiano) presentó su recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 , a cargo de Fabiana Schafrik. A través de este escrito judicial, el legislador del Partido Popular Cristiano pretende que se declare la inconstitucionalidad del decreto 180/03, que se suspendan los comicios y que en una nueva convocatoria se incluya la elección de 16 delegados comunales.
Por otra parte, la presidenta de la Fundación Ciudad, Andreína De Luca de Caraballo, interpuso un recurso de amparo pidiendo la suspensión del llamado a elecciones porque considera que la decisión de Ibarra viola el espíritu de la Ley 875, mediante la cual se intentó diferenciar el debate local del nacional. Esta última recoge los fundamentos esgrimidos por los legisladores Marta Oyhanarte (Bases y Puntos de Partida), Pablo Caulier (Bases y Puntos de Partida) y Fernando Caerio (UCR) en su proyecto de derogación del decreto 180/03.
"El representante del progresismo amordaza la participación ciudadana", expresó García Elorrio. En tanto, Busacca señaló que "la presentación del recurso de amparo no es un intento por judicializar la política o trabar las futuras elecciones. Por el contrario, el objetivo reside en mejorar la calidad de la práctica democrática, intentando hacer cumplir un importante fallo judicial".
Días atras, la candidata a jefa de Gobierno de Unión por Todos, Patricia Bullrich, solicitó -en el Juzgado Nº 6 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Patricia López Vergara- la inconstitucionalidad del decreto 180. Además es muy probable que en los próximos días el constitucionalista Daniel Sabsay, el ex ombusdman porteño Alfredo Cartaña y las asociaciones Control Ciudadano y Poder Ciudadano se sumen a la ola de recursos judiciales presentados contra la convocatoria a elecciones.
