Los créditos UVA que fueron otorgados durante el Gobierno de Mauricio Macri para la compra de inmuebles, resultaron un problema que aún no tiene una solución clara, ante la imposibilidad que tienen muchos “beneficiarios” para pagar las cuotas.
Hace unos días, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, dirigida por Carlos Heller y Alicia Aparicio, respectivamente, se debatieron los proyectos relacionados con el problema de los deudores, pero no se logró un consenso para que se emita dictamen.
En total, existen al menos 11 proyectos presentados, dirigidos a rescatar a los morosos. Cabe aclarar que el eje del reclamo que presentan quienes no pueden pagar la cuota es que el ajuste del crédito es por la inflación, se indexa el capital y se indexa la cuota. Ergo, con una inflación interanual que superó el cien por ciento y una clara pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la lista de los deudores corre el riesgo de crecer cada mes.
Al respecto, Noticias Urbanas dialogó Paola Gutiérrez, representante de la asociación de Autoconvocados Hipotecados UVA Argentina, que afirmó que el organismo presentó un proyecto ante la Comisión de Finanzas para que lo evalúen porque “ningún diputado lo quiso firmar” y detalló que actualmente se trabaja “en comisión desde hace mucho tiempo y en la última que hubo en el Congreso se decidió que lo traten los asesores para sacar un proyecto unificado de las más de 10 propuestas que hay dando vueltas”.
“Si bien no manejamos una estadística actual sobre la cantidad de deudores, todos los meses crece un poco más”, consideró y agregó que “todos los meses hay más familias a las que les cuesta pagar. Además, se espera un 7% inflación para el mes que viene otra vez”, lo que complicaría a aún más la situación.
Gutiérrez relató, en referencia a su experiencia personal, que en marzo pagó por su crédito $97.000 y este mes deberá pagar $104.000. El monto acumulado de la deuda es, aseguró, por arriba de los $18.000.000 de un crédito inicial de $2.000.000. “Pero hay que tener en claro que el banco no te presta al 100% de valor de la propiedad, el 25% de esta casa es mía, porque yo puse resto”, explicó.
Asimismo, opinó “si bien en el AMBA hay sueldos que con las paritarias pueden maniobrar, en provincias como Tucumán, que el sueldo es el más bajo del país o Catamarca, la pérdida de poder adquisitivo es cada vez más grande y ellos pagan más caros los servicios y el transporte, lo que les complica muchísimo la situación”.
Al respecto de las propiedades compradas, indicó que “el valor disminuyó mucho” y enfatizó que “si venden las propiedades, la mayoría no cancelan el crédito. Es como si hubiera unas ejecuciones encubiertas, porque como no podés pagar tenés que regalar la propiedad para no llegar a un remate y se pierden los ahorros de toda la vida”.
En esa línea, detalló que desde la organización se pide el recálculo de créditos desde el inicio, y remarcó que “desde el 2018 que se pide a la política una solución definitiva para poder pagar”.
Relación política
La referente de la Hipotecados Uva dijo que la problemática fue, por parte de Alberto Fernández, uno de los puntos de la plataforma, y deslizó que “asumió en diciembre y en febrero dijo que era un problema entre privados, en el que el Estado no se tenía que meter”.
Con vistas a lo que puede suceder, Gutiérrez expresó que esperan que los asesores se reúnan y trabajen los proyectos, además de que solicitaron ser parte de esa comisión, y subrayó “no pueden legislar sobre nuestros hogares sin nuestra opinión, sin estar sentados en esta mesa”.
“Tenemos que ser parte de la solución. Si nos pasan a CDS (“Credit Default Swap” que significa “intercambio de incumplimiento crediticio”) es lo mismo, esa no va a ser la solución y van a salir a decir que lo fue”, concluyó. Por último, el organismo indicó que hubo un fallo en Mendoza, que tiene sentencia firme, en la que el juez retrotrajo el monto del crédito a agosto del 2019.
En esa decisión judicial, la justicia mendocina se inclinó en favor de un deudor de un crédito UVA que había pedido $2.300.000 al Banco Nación en un plazo de 30 años y que a la fecha ascendía a $22.500.000, cuya cuota impactaba en el 53% de sus ingresos.
La justicia, frente a esta situación, eliminó el UVA como indicador de actualización del crédito. El juez federal Pablo Quirós ordenó que se readecue el contrato y afirmó que “el importe de las cuotas a pagar por el actor se actualizará desde la fecha del primer congelamiento ordenado por la autoridad competente”.
De esta forma, pasó a ser en “función de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), sin que ello implique extender el número de cuotas originalmente previsto, conservando la tasa de interés pactada, con una tasa máxima del 3,50% nominal anual”.
“Se deja a salvo la aplicación del régimen más favorable al consumidor si en el futuro, durante la ejecución del contrato, se dictan otras normas jurídicas generales que le reconozcan mayores beneficios para el actor”, explicó Quirós.
Sin duda el análisis de los funcionarios deberá ser realizado con el objetivo de que los créditos tengan un margen de pago justo y que, al mismo tiempo, dejen un porcentaje del ingreso a los deudores para sobrevivir en una economía en crisis. Pero esto, avanzará en las próximas semanas y ahí se conocerá cuál será la suerte de los afectados.
Las propuestas
Entre los ejes del proyecto presentado por la asociación se destacó que queda eliminado el mecanismo de actualización del capital adeudado por el sistema UVA, y a partir de la aprobación de la nueva ley, todos los créditos vigentes serán reconvertidos a créditos en unidades de valor crediticio.
Además, se indicó que el plazo de los créditos reconvertidos será el mismo que restaba al crédito original al momento de la reconversión, quedando expresamente prohibido extender el plazo del préstamo por encima del plazo original pactado luego de la reconversión, y que se establece una tasa de interés máxima del 3,5% anual para todos los créditos pre-existentes que son modificados por la presente ley.
Quizás el punto más importante es que quedará establecido que la cuota en ningún momento podrá superar el 25% del ingreso de los solicitantes y estará prohibida la venta de las carteras de préstamos (securitización) otorgados con sistemas UVA y/o reconvertidos a UVC.
De todos modos, la demora en la resolución del conflicto no colabora en su resolución. La justicia lenta, a veces pierde su esencia.