El diputado porteño Mario Morando (Juntos por Buenos Aires) fue uno de los pocos legisladores que se ocupó de la problemática de la seguridad en los locales bailables previamente a la tragedia de República Cromañón. En junio del año pasado, presentó un proyecto que no se limita a la problemática de los incendios, sino que involucra los cotidianos hechos de violencia que se producen.
La iniciativa -que se encuentra en tratamiento en la comisión de Seguridad luego de haber sido analizado en la comisión de Desarrollo Económico- establece la obligación de descartar las botellas de vidrio del local una vez despachadas las bebidas, a fin de evitar su uso como armas cortantes; instalar cámaras de televisación en los accesos y puertas de emergencia, junto con un sistema de grabación digital, desde una hora antes de la apertura del local y hasta una hora después de su cierre; colocar un cartel en la boletería que informe ostensiblemente que las denuncias por irregularidades en el local podrán ser radicadas gratuitamente y de forma anónima en la Defensoría del Pueblo; e instalar detectores de metales en las puertas de entrada, cualquiera sea el tipo de local.
También plantea la necesidad de aumentar la frecuencia del exámen psicofísico al que deben someterse los vigiladores, pasando del año a los seis meses; y más allá de las multas pecuniarias que se establecen por incumplimiento de las obligaciones establecidas, se agrega la clausura por 180 días.
El diputado macrista explicó: "Disponer de un sistema de televisación permite monitorear el local no sólo desde sus propias instalaciones, sino que puede visualizarse desde pantallas de computación, ya sean instaladas en dependencias estatales encargadas del control, como desde las mismas casas de los padres que deseen controlar a sus hijos desde sus hogares. Esta es la verdadera democratización del control, y no la multiplicación de inspectores barriales que de ninguna manera nos aseguran que puedan comportarse de manera diferente a sus pares centrales. Todos debemos ser partícipes del control".
Con respecto a los cambios a la normativa vigente aprobados a instancias del Gobierno de la Ciudad, Morando aseguró que "las recientes medidas impulsadas por el jefe de Gobierno en torno a la seguridad en locales bailables han refinado las normas ya existentes (ejemplo, aumento de la frecuencia para renovar la habilitación de bomberos de anual a trimestral) o bien han transferido, sin demasiados recaudos, la responsabilidad del control desde el Estado hacia los privados".
Y agregó: "Revelando tácitamente el reconocimiento de la imposibilidad de controlar efectivamente desde la Jefatura de Gobierno, el Poder Ejecutivo ha privatizado veladamente el control y la responsabilidad, al instaurar, en el decreto de necesidad y urgencia recientemente aprobado, la obligatoriedad de contratar bomberos o técnicos en prevención y combates de incendios de una empresa privada, los que serán responsables de asentar en un libro foliado el estado de seguridad del local antes de cada evento, de circular por el local durante el evento, y de asentar en el libro todo tipo de anomalías al respecto una vez finalizado el mismo".
Según Morando "es sintomático que a estas nuevas empresas privadas ahora responsables de las condiciones de seguridad del local en cuanto a incendios, no se les requiera ningún tipo de calificación especial ni de garantía pecuniaria para el caso de resultar responsables. Podrían ser, por ejemplo, nuevas sociedades offshore y sin experiencia".
